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La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha organizado hoy un foro de participación con el objetivo de fomentar la implicación de los profesionales, asociaciones de pacientes y otras entidades ciudadanas de Huelva en la elaboración de la nueva Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado verano por el Consejo de Gobierno de la Junta. La idea es que la ley llegue al Parlamento con fuerza y contando con el apoyo de la ciudadanía.
Para ello, se han organizado siete grupos de trabajo, que abarcan a 120 personas, para debatir y que todo aquello que se trate pueda ir incluido en la ley una vez que pase al Parlamento. Una ley pionera en España que pretende garantizar la Sanidad Pública y que necesita el consenso de la sociedad, los profesionales sanitarios y los partidos políticos para que perdure en el tiempo, que al fin y al cabo es el objetivo primordial.
El delegado territorial del ramo, Rafael López, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, han presidido la celebración de este encuentro, que se enmarca dentro del compromiso de la administración autonómica de difundir el contenido de la norma a la sociedad en su conjunto y, en particular, a los colectivos que se consideran grupos de interés, a la vez que recabar sus aportaciones, sugerencias y demandas. El acto también ha contado con la asistencia de la vicerrectora del campus Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Yolanda Pelayo, cuya sede ha acogido esta actividad.
La Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz tiene como objetivo fundamental blindar la sanidad pública. Para ello, garantizará y reforzará los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad.
La futura ley dará así rango legal a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central, como la que ha evitado, a través de la receta electrónica, que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia a raíz del Real Decreto Ley 16/2012. El anteproyecto recoge además las medidas para garantizar la perdurabilidad del sistema sanitario público, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia.
