Por La oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Huelva acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (PADV) de la Junta de Andalucía ha evitado un total de 764 desalojos en la provincia tres años después de su puesta en funcionamiento en octubre de 2012.
En un comunicado, la Administración andaluza ha indicado que este punto de asesoramiento ha recibido durante ese periodo 3.041 visitas, que han derivado en la apertura de un total de 807 expedientes, mientras que el resto de las atenciones fueron consultas en las que los interesados han solicitado información sobre la oficina, pero «sin concretar finalmente ninguna petición».
En esta misma línea, la delegada de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, ha destacado «el valor y los positivos resultados de esta oficina y su contribución para resolver el grave problema al que se enfrentan muchas familias de la provincia por la falta de ingresos con los que asumir el sostenimiento del pago de su vivienda debido a la crisis».
Además, Bejarano ha subrayado «el importante servicio que viene prestando de ayuda, información y asesoramiento a las familias afectadas, así como la valiosa labor de intermediación y prevención que realizan en muchos casos para evitar las consecuencias más graves e impedir así llegar al drama del desahucio».
La delegada ha puesto de relieve que esta oficina es «una herramienta más de la Junta en la lucha contra este problema y que se suma a otras iniciativas como las ayudas al alquiler para los desahuciados o la futura aprobación de la ley de retracto de la vivienda».
Según ha indicado la Junta, del conjunto de 807 familias con expedientes abiertos en esta oficina, una acudió a las oficinas en la fase de prevención, 764 en la fase de intermediación y 42 en la etapa de protección.
Asimismo, en la fase de prevención, acuden a las oficinas «aquellas familias que todavía no tienen problemas de morosidad con las entidades financieras pero están interesadas en informarse sobre las consecuencias derivadas del posible impago de las cuotas hipotecarias o las cláusulas abusivas asociadas a los préstamos hipotecarios que ya han firmado o tienen previsión de hacerlo».
MAYOR DEMANDA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
Por otra parte, el servicio de intermediación es el «más demandado» y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras y, por tanto, se encuentran en riesgo de desahucio. En este ámbito, «las familias o bien demandan información sobre las posibles vías de actuación o bien reclaman la mediación de los técnicos que atienden las oficinas para tratar de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios».
De los interesados en la intermediación, según ha indicado la Junta, ya se han resuelto «favorablemente» 353 expedientes, los restantes 411 casos permanecen en tramitación «con expectativas de resolución favorable».
De estas 353 familias que han culminado su consulta con «una solución positiva», 283 se han acogido a la vía de intervención temprana, que se aplica al comienzo del proceso de desahucio, cuando el lanzamiento aún no es inminente.
En este sentido, la solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago, el alquiler social o la reestructuración de la deuda hipotecaria, renegociación de las cuotas hipotecarias y del periodo de carencia, prestando a su vez asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.
Los restantes 70 expedientes resueltos «favorablemente» lo han sido mediante negociación con la entidad financiera y con los juzgados, a través de diferentes vías como «la renegociación de las condiciones, la intermediación para evitar la suspensión de la subasta, la suspensión del lanzamiento o la dación en pago con o sin alquiler social, así como otras fórmulas de negociación y apoyo en la realización de trámites», ha añadido la administración.
Asimismo, en el ámbito de la protección, las 42 familias se han dirigido a las oficinas con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso, contactando en estos casos con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para así «evitar o dilatar en lo posible la ejecución».
Según ha concluido la Junta en el comunicado emitido, en las situaciones en las que el desahucio es «más inminente», estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.
