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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, distribuirá un total de 615.412 euros -10,29 millones en el conjunto de la comunidad autónoma- entre la Diputación y los seis municipios onubenses de más de 20.000 habitantes, con el objetivo de financiar durante este año el mantenimiento de los contratos de los 19 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la provincia de Huelva.
La aportación aprobada por el Consejo de Gobierno se realiza pese a los recortes llevados a cabo por la administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012 y financie el 78% de la inversión total asociada a esta prestación, en contra del compromiso de cofinanciación al 50% que marca la ley.
De la cantidad que se invierte en la provincia, 274.257 euros van destinados a la Diputación, 159.593 al Ayuntamiento de Huelva, 35.939 al de Almonte, 40.259 al de Ayamonte, 37.881 al de Isla Cristina, 34.531 al de Lepe y 32.952 al de Moguer.
El personal de refuerzo, integrado por trabajadores sociales, realiza actividades relacionadas con la tramitación de las solicitudes de baremación de la dependencia en los servicios sociales comunitarios, así como con las propuestas del Programa Individual de Atención (PIA). Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.
Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos dirigidos a la contratación del personal de refuerzo por parte de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Contando con los recursos consignados para 2016, la Junta ha destinado a este fin 152 millones de euros.
La comunidad autónoma aglutina el 23,5% de las personas beneficiarias en el conjunto de España. Actualmente hay 233.993 prestaciones concedidas para 179.590 personas. Asimismo, 48.625 andaluces reciben el servicio de ayuda a domicilio, lo que representa el 33% del total nacional, mientras que otras 69.500 son usuarias del servicio de teleasistencia (la mitad del conjunto de España).
En los presupuestos de 2016 se consignan 1.160 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.262 millones). Esta inversión, que en un 53,8% se destina a financiar a ayuntamientos y diputaciones, permitirá cubrir una oferta de 42.400 plazas concertadas para mayores y personas con discapacidad en atención residencial y estancia diurna, así como una previsión de más de 26 millones de horas de servicio de ayuda a domicilio.
La aportación autonómica ha permitido garantizar la estabilidad de los casi 50.000 empleos creados en Andalucía desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio).
Asimismo, el Gobierno andaluz ha ejecutado el 100% del presupuesto destinado a atención a la dependencia durante 2015 sin generar deuda. Sólo en el último trimestre, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abonado más de 405 millones de euros a personas usuarias, entidades del tercer sector y corporaciones locales. Más de 179.000 personas y 1.280 entidades sociales se han beneficiado de esta liquidación de facturas.
Pacto de Estado
El Consejo acordó recientemente proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas.
Los ocho ejes se centran en replantear el modelo de financiación del sistema a través de su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación del sector sin detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar; asegurar la responsabilidad pública en el sistema mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección; realizar un nuevo baremo de valoración más preciso e idóneo; simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases, de manera que el plazo total no supere los seis meses; mejorar los mecanismos de participación y la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios; y asegurar que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados.
Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta plantea al Gobierno central adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50% del coste total, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22%. Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (mujeres en un 94%), que fue suprimida por un real decreto de 2012.
