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Unas 120 personas, entre representantes de los ayuntamientos, asociaciones, empresas y profesionales del sector en la provincia de Huelva, han participado este lunes en las jornadas organizadas en la Delegación del Gobierno andaluz para presentar el proyecto de la nueva Ley de Servicios Sociales promovida por la Junta, así como propiciar un foro de diálogo acerca de las principales novedades recogidas en la normativa.
La secretaria general de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez, que ha presidido el acto en compañía del delegado territorial del ramo, Rafael López, ha trasladado a los asistentes el carácter “pionero” de la norma, que convertirá a Andalucía “en la primera comunidad autónoma en España que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección”.
Según ha explicado Gálvez, el texto, del que queda pendiente su aprobación definitiva en el Parlamento, ha contado con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos principales se dirigen a “prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad”, ha destacado.
Por su parte, Rafael López ha comentado que la futura ley sustituye a la vigente de 1988 e introduce como principales novedades “la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía”.
En este sentido, respecto a los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
Con relación al catálogo de prestaciones garantizadas, los responsables autonómicos han remarcado que éstas tendrán la consideración de derecho “subjetivo” y, por tanto, “podrán ser exigidas por los ciudadanos ante los tribunales de justicia”. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, la comunidad autónoma concentra el 23,61% de todas estas prestaciones en el conjunto de España y el 22,77% de las personas beneficiarias, 17.093 y 12.987, respectivamente, en el específico caso de la provincia de Huelva.
Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.
Herramientas digitales
Otra novedad destacada es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los servicios sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.
Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
La futura ley establece igualmente la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.
Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica al disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.
