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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, garantiza un año más la prestación en la provincia de Huelva del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo, tras renovar hoy los convenios de colaboración con la Diputación y los ayuntamientos onubenses de más de 20.000 habitantes – Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer- que hacen posible su funcionamiento. Un total de 404 familias y 730 menores a su cargo se beneficiaron en 2015 de esta prestación.
La prórroga de los convenios, que ha estado presidida por el dele-gado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, en compañía del delegado territorial del ramo, Rafael López, va acompañada de una inversión por parte de la administración autonómica destinada a las entidades locales de 1.125.935 euros.
Romero ha explicado que el programa tiene como objetivos proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo “un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores”. Según ha comentado el responsable autonómico, “la finalidad es preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, después de la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores”.
Por su parte, López ha destacado que “con este programa perse-guimos alcanzar objetivos muy concretos, tales como mitigar los factores de riesgo para evitar la separación del menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada y que los menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades; así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora”.
Nuevo decreto
En los últimos meses la Junta ha aprobado un nuevo decreto que regula y da rango normativo al programa, reforzando así un modelo de atención ya consolidado tras una trayectoria de 15 años. Entre las novedades del decreto se encuentra la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable -se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias- y garantizar el respeto a la autonomía local.
En este sentido, la aportación económica de la Junta va específi-camente destinada a financiar los 12 equipos de tratamiento familiar (ETF) existentes en la provincia onubense, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones con la población diana. Se trata de unos equipos, dependientes de las entidades locales, que están integrados por un total de 38 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamilia-res.
Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los servicios sociales comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.
La actividad de los profesionales va encaminada a posibilitar el retorno del menor a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, reali-zada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.
Además del modelo de financiación, el decreto introduce también como particularidad que los ETF deberán abordar de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido, así como colaborar con los centros de atención a inmi-grantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.
