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Las acusaciones particulares del caso del doble crimen de Almonte, ocurrido en abril del 2013, en el que murieron una niña de ocho años y su padre, han formulado sus respectivos escritos de acusación en el que solicitan 50 años de prisión, la máxima pena, para F.J.M., el único acusado por los hechos y que fue detenido en junio de 2014, por dos delitos de asesinato con los agravantes de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar, abuso de confianza y parentesco.
Estas acusaciones están ejercidas por un lado por la familia del hombre fallecido y, por otro, por su expareja y madre de la pequeña también fallecida, a su vez pareja del detenido cuando ocurrieron los hechos.
Según reza en el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, y ejercida por la expareja y madre de la niña, le pide por cada delito la pena diez años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde resida esta mujer y la prohibición de aproximarse y comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, así como una indemnización por parte del acusado hacia ella de 250.000 euros en concepto de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral ocasionado.
Por su parte, la acusación ejercida por los padres y hermano del fallecido solicita, además de la pena de cárcel, doce años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde residan estas personas y la prohibición de aproximarse y comunicarse con las mismas, así como una indemnización de 300.000 euros a los padres de la víctima.
Cabe recordar que el Juzgado de Primera de Instrucción 1 de La Palma del Condado, encargado del caso, ha citado a las acusaciones y al Ministerio Fiscal el 10 de junio en una comparecencia para que las partes acusatorias soliciten la prórroga de la prisión preventiva del detenido, pues el 28 de junio cumple dos años en la cárcel.
Todo ello después de que la pasada semana este mismo juzgado denegara la libertad de este hombre, solicitada por tercera vez por su defensa, la cual ha interpuesto un recurso de reforma contra el citado auto.
Entre sus motivos para mantenerlo en prisión, la juez considera que «persiste el riesgo de fuga y el de alteración de fuentes de prueba, teniendo en cuenta la inminencia del juicio, la falta de arraigo suficiente del investigado y la gravedad de las penas que llevan aparejadas los delitos investigados».
