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Huelva se ha convertido en ciudad pionera en España a la hora de denunciar por lo penal los daños que ocasionan los aditivos de los cigarros. En concreto, la demanda se centra en la ‘dejación’ de cargos del Gobierno español y la Junta de Andalucía con las empresas tabaqueras.
El escrito señala que los denunciados “desde la responsabilidad que detentan en la Administración, han consentido y consienten la presencia y comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos capaces de provocar cada año más de 50.000 muertes sólo en España además de graves enfermedades en cientos de miles más de ciudadanos”.
Asimismo, aclara que esta acción penal “no se centra ni en el tabaco ni en las sustancias que los consumidores saben que contienen los cigarrillos, sino en las sustancias que la propia industria ha admitido que añade a los cigarrillos. Muchas de ellas, reconocidas internacionalmente como adictivas, tóxicas y/o cancerígenas. Una circunstancia que el consumidor no sabe porque ni los responsables del Ministerio -ni los de la industria tabaquera- se lo han comunicado jamás.
La denuncia que ya está en manos de la Fiscalía de Huelva para que proceda a su investigación va amparada por un informe médico sobre la situación del denunciante, un hombre de Huelva de unos 70 años de edad y con cáncer en estado avanzado.
Con estos argumentos, y muchos otros que aparecen en la denuncia, Huelva ha puesto en manos de la Justicia la posibilidad de investigar la responsabilidad penal de las administraciones a la hora de consentir el consumo de sustancias claramente dañinas para la salud de los consumidores.
