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El PSOE de Huelva celebra que todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, con la sola excepción del PP, hayan avalado y respaldado las políticas de protección que la Junta de Andalucía, concretamente, la Consejería de Medio Ambiente mantiene con Doñana y su entorno. Así quedó patente en el pleno del pasado jueves, en el debate suscitado en torno a una proposición no de Ley (PNL) del grupo Podemos, en la que se pedía la paralización cautelar del primero de los cuatro subproyectos que la empresa Gas Natural ha iniciado en el entorno de Doñana, el llamado Marismas Occidental, sobre extracción y almacenamiento de gas.
La PNL se aprobó con la enmienda del PSOE “para que se estudien con lupa todas las vías legales que nos permitan garantizar la paralización de forma legal, ajustándonos escrupulosamente a la Ley”, ha destacado el parlamentario onubense Jesús Ferrera, que defendió la postura del PSOE ante este asunto de gran calado para la provincia de Huelva. A su juicio, “tenemos que cuidar mucho este aspecto, para impedir que la multinacional pueda acogerse a cualquier resquicio que le permita reclamar una indemnización por los posibles perjuicios que pudiera ocasionarle si se decretara la paralización del proyecto; o la nulidad de las acciones, lo que le permitiría tener vía libre sin necesidad de contar con más autorizaciones”.
En el debate quedaron patentes varias cuestiones dignas de ser destacadas, a juicio del parlamentario. Por un lado, la unanimidad de criterios en torno a este asunto de todos los grupos con representación parlamentaria en la Cámara andaluza, con la excepción del Partido Popular, segunda cuestión destacable. Ferrera ha apuntado que los populares “demuestran tener miedo -a sabiendas de que perjudica a Huelva- a ir en contra de las directrices que les marca el Gobierno de Rajoy en este sentido, como padre del proyecto, que avala y defiende”. El parlamentario ha recordado, en este sentido, que estando en funciones, el Gobierno central llegó incluso a declararlo de interés público para intentar protegerlo de las imposiciones que sabía que tendría por parte de la Junta de Andalucía, que antepone la protección de Doñana a las exigencias e intereses comerciales de una multinacional”.
Por otro lado, quedó muy claro que “el intento de hacer trampa del PP, dividiendo en cuatro partes el macroproyecto de almacenamiento de gas, ha caído en saco roto, ya que en el debate quedó también muy claro que los otros tres subproyectos jamás podrán iniciarse, porque el de Marismas Oriental, sobre el que pivota el nudo gordiano del conjunto, no cuenta con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Junta de Andalucía. Por tanto, Aznalcázar y El Saladillo no podrán iniciarse porque no son viables sin el tercero y, además, uno de ellos tampoco cuenta con la AAU.
El grupo popular “tiró de falsos argumentos para justificar lo injustificable”, ha remarcado Ferrera, quien tuvo que recordar al presidente del PP y parlamentario onubense, Manuel Andrés González, que la licencia de obras a Gas Natural se la dio el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almonte estando en funciones, “un escándalo más que sacó los colores al parlamentario, que sabe perfectamente que esa licencia se concedió el 29 de mayo de 2015, cinco días después de que el popular José Antonio Domínguez perdiera las elecciones municipales”. El Partido Popular “debe sentirse cada día más solo y acorralado conforme le vamos recordando los trapicheos que ha hecho para favorecer a la multinacional importándole muy poco una de las reservas naturales más importantes del mundo”, ha concluido.
