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El Ministerio de Justicia ha denegado el indulto para el empresario J.M.S., el que fuera administrador de la finca ‘El Avispero’, en el término municipal de Bonares, un indulto que él mismo solicitó en julio de 2015, después de que en 2012 el Tribunal Supremo (TS) ratificara una sentencia dictada dos años antes por la Audiencia Provincial de Huelva, que condenaba a esta persona, y a otras dos más, por delitos contra la ordenación del territorio, obligándole a desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado.
En concreto, este hombre fue condenado a un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a seis meses por otro de desobediencia grave a la autoridad y, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ahora la Audiencia, tras la negación de este indulto en Consejo de Gobierno, debería acordar seguidamente su ingreso en prisión.
Cabe recordar que éste solicitó la suspensión de la pena, que le fue denegada en su momento porque años después de la condena no había restaurado la finca. Posteriormente, la propia Audiencia admitió un recurso de súplica efectuado por el condenado contra su ingreso en la cárcel, al menos hasta que se conociera la decisión del Ministerio de Justicia respecto a su indulto, que ya se conoce, por tanto debería levantar la misma en breve.
Esta sentencia fue calificada de «ejemplarizante» porque, según el Supremo, por primera vez se castigaba penalmente los delitos por construcción ilegal en Doñana.
De hecho, fue la Fiscalía de Medio Ambiente la que pidió su encarcelamiento por «la falta de colaboración» en la restauración de la finca por parte de esta persona, condenada concretamente a las penas de un año y seis meses de prisión para cada uno y a una multa de 12 meses con una cuota de diez euros diarios, por un delito contra la ordenación del territorio.
Además también fueron condenados a indemnizar a la Junta con el pago de 587.498 euros para la regeneración del territorio transformado, así como a desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado.
Este hombre fue condenado además por un delito de desobediencia grave a la autoridad a la pena de seis meses de prisión, que se suman a la condena de un año y seis meses por el delito contra la ordenación del territorio, y también a un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente a la pena de un año de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de denunciar delitos.
Las primeras denuncias al respecto de Ecologistas en Acción hace ahora una década alertaban de la destrucción de más de un centenar de hectáreas de bosque mediterráneo y crear en su lugar una explanada cubierta de túneles invernaderos para cultivos agrícolas, módulos prefabricados y la construcción de una balsa.
RESTAURACIÓN DE LA FINCA
Por otro lado, según ha precisado su abogado, Nicolás Morón, éste «ha procedido a desmantelar 90 hectáreas de arándanos en la finca y su parte está íntegramente restaurada».
A su vez, a principios de este mes de septiembre el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva condenó a este empresario y a su hijo, por un delito continuado de usurpación-distracción de aguas públicas, a pagar cada uno una multa de 9.150 euros –a razón de 50 euros al día durante seis meses–, así como una indemnización conjunta de 128.410 euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) –por el coste del agua nunca abonado–, lo que suma un total de 146.710 euros.
Todo ello por construir, desde 2008 y sin autorización, nueve pozos con brocal a cielo abierto y autobombas sumergibles en la finca ‘El Avispero’, ubicada en Bonares y en la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana, donde extrajeron agua subterránea sin ningún tipo de contador y sin que conste el pago de ninguna cantidad.
El juzgado, que también les obliga al desmantelamiento de los pozos y declara responsable civil a la sociedad que ambos conformaban, consideró probado que los pozos fueron construidos con la intención de asegurar el riego de la parte de la citada finca, destinada a usos agrícolas –unas 60 hectáreas de plantación de arándanos–.
TRAS SER CONDENADOS
El fiscal aseguraba en su escrito que, con posterioridad a dicha condena y para obtener el beneficio económico derivado del mantenimiento de la actividad agrícola, padre e hijo –actuando siempre en el marco de la entidad reseñada y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actividad agrícola en la finca– mantuvieron la extracción no autorizada de agua y aprovecharon la hondonada natural del terreno como segunda balsa y con afectación del arroyo cercano del Espartero.
En la comarca de Doñana se localiza el acuífero 27 ‘Almonte-Marismas’, el cual cuenta con una gran relevancia medioambiental y humana, pues alimenta al Espacio Natural de Doñana, espacio donde el agua subterránea juega un papel esencial tanto para la generación y mantenimiento de medios naturales muy diversos y ecológicamente valiosos, como para la subsistencia y desarrollo de una población, que depende casi enteramente del agua subterránea para su abastecimiento y para el regadío.
