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El parlamentario andaluz y vocal en la Comisión de Salud en la Cámara andaluza, Diego Ferrera, ha señalado que “frente a las voces contra la sanidad pública, la Junta de Andalucía actúa con hechos destinando en los presupuestos autonómicos para 2017 cerca de dos millones de euros para la finalización de la tercera fase de los quirófanos del hospital Infanta Elena”.
Para el dirigente socialista, “esto es apostar por las mejoras sanitarias para que todos los ciudadanos sin excepción tengan acceso a una salud pública y de calidad en nuestra provincia, que no es precisamente lo que pretende un PP que se ha enzarzado en una batalla sin escrúpulos para desprestigiar a la Junta”.
A juicio del parlamentario onubense, la actitud del PP en relación con la salud es una muestra más de “su irresponsabilidad y de su desprecio absoluto hacia los servicios públicos”. “Es lamentable que esta formación, en vez de alegrarse por los avances conseguidos en esta materia, busque con esta forma de actuar, obviar todas las mejoras que se introducen cada año en el sistema público de salud en la provincia, además de intentar enfrentar a los ciudadanos con un sistema público del que se sienten satisfechos como se demuestra en todas las encuestas realizadas”.
Diego Ferrera ha indicado que “el PP sabe perfectamente que los servicios sanitarios que se prestan en Huelva se optimizan de forma continuada y van a seguir mejorando”. Por eso, les ha reprochado sus “continuas mentiras, sin importarles que ello provoque incertidumbre y miedo entre los ciudadanos”.
Por ello, ha indicado que “si el PP de Huelva quiere ver a ciudadanos con dificultades en el acceso a la sanidad que se vaya a comunidades donde gobiernan y en la que los recortes del PP han puesto al límite el sistema sanitario y ha complicado la vida a los vecinos de los pueblos más pequeños”.
Por último, el socialista ha recordado que el Partido Popular es autor de “graves recortes sanitarios como la exclusión de los inmigrantes irregulares del acceso al derecho a la sanidad, la retirada de cientos de fármacos de la financiación pública, la aprobación del copago farmacéutico para los jubilados o el del transporte sanitario no urgente y, en definitiva, la privatización de servicios allí donde gobiernan. Ese es su fin último”.
