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Los cartayeros tendrán que pagar más de cuatro millones de euros más por “la mole de hierro y hormigón en que quedó convertido el macro proyecto de construcción de un nuevo pabellón de certámenes comerciales en el Recinto Ferial de la localidad”, según ha denunciado este martes el alcalde, Juan Miguel Polo.
Polo aclaró además que “todo el dinero que ahora hay que devolver corresponden a las cantidades recogidas en los convenios firmados por el último Equipo de Gobierno Socialista, y todos ellos suscritos antes de que en 2011 este alcalde accediera a la alcaldía del Ayuntamiento”.
Polo añadió que a esta cantidad hay que sumarle los 1,3 millones con los que en su día, en 2009, el Consistorio tuvo que indemnizar a la empresa constructora por la paralización de las obras, “con lo que se va a más de cinco millones de euros el coste total para los cartayeros de una infraestructura en ruinas que ni siquiera ofrece garantías de poder aprovecharse en el futuro, con lo que el coste podría incluso ser superior si finalmente hay que derruirla después de que los técnicos analicen su estado”.
Así ha explicado hoy el primer edil, la situación de un proyecto que, definió como “un auténtico despropósito desde que en 2007 arrancaron las obras, en la etapa del último Equipo de Gobierno Socialista, sin consignación presupuestaria y en base a un convenio suscrito con la Junta de Andalucía, en la que el Gobierno Andaluz se comprometía a abonar 2,3 millones de euros, que después quedaron en 1,9; mientras que el Ayuntamiento se comprometía a aportar los 4,7 restantes”. Y todo ello, reiteró, “sin consignación presupuestaria alguna, y sin informe del interventor que avalara semejante inversión, para una infraestructura que tenía un presupuesto inicial de 7 millones de euros”.
Ahí está, a juicio del primer edil, “la principal irresponsabilidad de un proyecto de semejante envergadura cuyas obras comenzaron en 2008, cuando sólo se contaba con la sexta parte del presupuesto necesario, que fueron los 1,9 millones aportados por la Junta”. A finales de ese mismo año, según la documentación aportada por el Equipo de Gobierno, se paralizaron por falta de presupuesto, y en 2009 el Ayuntamiento tuvo que indemnizar a la empresa constructora con 1,3 millones de euros por esta paralización.
Según explicaron Polo y el concejal de Urbanismo, Gabriel Maestre, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, el anterior alcalde socialista firmó varias adendas con la Junta de Andalucía para prorrogar el convenio.
“Pero lo más grave”, según el primer edil, “es que dos años después de la paralización de las obras, en 2011, y dos meses antes de las elecciones municipales de aquel año, el Ayuntamiento recibió una subvención de más de 666.000 euros de la Diputación Provincial para un proyecto ya paralizado. Además, un mes después de las elecciones, cuando accedo a la alcaldía, de ese dinero no quedaba ni rastro, ni siquiera había justificación alguna de en qué se había gastado, lo que incluso nos lleva a estudiar por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la posibilidad de que se hubiera producido alguna ilegalidad en el proceso”.
Sobre todo, explica el alcalde, “porque no sólo la Junta reclama al Ayuntamiento, y por tanto, a los cartayeros, el dinero que invirtió, sino que también la Diputación reclama esos 666.000 euros de difícil justificación, y además con intereses, cuando resulta a todas luces inexplicable como una administración concede semejante subvención para unas obras que llevaban ya dos años paradas”.
Ante esta situación, señala Polo, “el Equipo de Gobierno anterior y el actual hemos estado negociando con las administraciones, principalmente con la Junta, para buscar una solución al edificio en ruinas y cargado de deudas con el que nos encontramos”. En 2012 vencían los plazos para ejecutar la obra por parte del Ayuntamiento, que entonces se encontraba en una situación de ruina económica, con 45 millones de euros de deuda, sometido a un plan de ajuste para poder acometer el pago a proveedores, con facturas que se debían desde hacía seis años, con el PIE embargado, y sin poder acometer inversión alguna. Ante esta situación, negociamos con la Junta que, consciente de la imposibilidad de hacer frente al pago, nos propuso firmar otra adenda, que al menos prorrogara ese pago hasta el año 2017, porque entonces resultaba imposible hacerle frente”.
Mientras tanto, señaló, “hemos ido saneando y mejorando la situación de las arcas municipales y hemos negociado con la Junta el pago fraccionado de los 1,9 millones, llegando finalmente a un acuerdo, para que hacer frente al mismo le cause a las arcas municipales, el menor daño posible”.
Así, y según el acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento se compromete a devolver en los próximos cinco años, la mitad de la cantidad, en plazos más cómodos, y el resto, a partir de entonces.
Finalmente, Polo destacó que “esto es posible a día de hoy, porque entre este Equipo de Gobierno y el anterior, hemos enderezado la situación económica del Ayuntamiento y ahora sí podemos hacer frente al pago de una deuda que, en nuestro nombre y en nombre de todos los cartayeros contrajeron otros. Por ello, resulta cuanto menos indignante que ahora, cuando la situación entra en vías de solución, venga el grupo municipal socialista, a echarle la culpa a este alcalde y a su Equipo de Gobierno de una gestión vergonzosa que es sólo un ejemplo de cómo en Cartaya se gastaron, sin orden ni concierto, cantidades muy importantes de dinero público, y los que hemos venido por detrás hemos tenido que sacar a flote a la Institución y hacer frente a las deudas”.
Por ello, -añadió, “le recuerdo a quienes tienen la desfachatez de intentar engañar a los ciudadanos volcando sus culpas sobre los demás, que estos tienen memoria, y que quienes estamos al frente del Ayuntamiento de Cartaya hoy, no sólo lo gestionamos con responsabilidad, sino que hemos enderezado la situación económica, lo que nos permite pagar las facturas con un promedio de 27 días desde que entran en el Consistorio y desbloquear situaciones como la del Pabellón, que nos dejaron enquistadas por la falta de pago o las deudas que les legaron a todos los cartayeros”.
