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La diputada del PSOE en el Congreso por Huelva Josefa Bayo ha presentado una proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el fin de que se aumente el control tanto de la fruta que se comercializa en España como la que se exporta, «para aportar transparencia y acabar con la especulación, que es lo que está detrás de la práctica ‘venta a resultas’ en las transacciones comerciales».
En la iniciativa, consultada por Europa Press, el PSOE insta al Gobierno a seguir trabajando junto con las comunidades autónomas para crear en España un mercado agroalimentario «transparente y sostenible», y la puesta en marcha de un plan de difusión del contrato de compra-venta para promover su uso y éste regule los aspectos tan importantes como el precio, las condiciones de pagos y entrega, o las consecuencias de incumplimiento del contrato por algunas de las partes.
El término de la ‘venta a resultas’ se refiere a aquella que se realiza sin que el agricultor y el comprador pacten un precio de antemano. Es decir, «los vendedores entregan la mercancía a los compradores sin conocer el precio y hasta que el comprador no vende el producto a un tercero no se liquida la deuda ni se fija el importe», señalan los socialistas en la iniciativa.
«Esta forma de proceder tan profundamente arraigada en el campo español, aunque hoy es ilegal, sigue teniendo consecuencias desastrosas para los agricultores españoles, por la falta de estabilidad para el sector e inseguridad jurídica, y al final suelen obtener liquidaciones por sus productos infinitamente más bajas de lo esperado y deseado», han precisado desde el PSOE.
La Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para la mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se puso en marcha con la finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebracion de la cadena alimentaria, y así aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores.
En la ley se establece esta obligación de llevar a cabo contratos comerciales para las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es inferior a 2.500 euros. El PSOE manifiesta que «la ley está, pero en la práctica, el grado de contractualización en el sector agroalimentario sigue siendo bajo».
Al respecto, se refieren a organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA, que se han unido para promover en el sector la compraventa de fruta a través del uso del contrato, indicando además que las comunidades autónomas ha incidido en ello, ya que se observa que aún queda mucho recorrido hasta ser utilizado en todas las operaciones de compra-venta agrarias.
