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La portavoz de Empleo del PP Andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, ha presentado hoy en una rueda de prensa en Cádiz el documento de alegaciones al Proyecto de Decreto de la Junta por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que fue anunciado recientemente por la consejera de Hacienda.
Para Ruiz Sillero, lo que pretende la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el modelo elegido para esta oficina es “crear una oficina a su medida para silenciar la corrupción de los gobiernos socialistas y que todo quede en casa”.
Insistió en que “no puede ser un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias; la oficina debe funcionar con la máxima transparencia, y no de tapadillo”.
La diputada popular criticó que la aprobación a través de un decreto es un “silenciador” para dificultad la participación de los grupos políticos y los agentes sociales en el diseño; por lo que Ruiz Sillero ha tenido que presentar las alegaciones a través del Portal de Transparencia, como cualquier ciudadano puede hacer.
El PP exige que el trámite no sea a través de un decreto, sino de un Proyecto de Ley, de manera que los grupos puedan mejorar el proyecto para que de verdad sirva para evitar casos de corrupción; y para que los máximos expertos puedan aportar soluciones en el Parlamento, así como los funcionarios que han destapado casos de corrupción en el gobierno andaluz.
Igualmente, el PP propone que el sistema de elección de los miembros de la oficina no sea “a dedo”, como recoge el decreto, que deja esta función en la Consejería de Hacienda. Ruiz Sillero consideró que debe ser el Parlamento quien elija a sus miembros entre personas independientes, funcionarios con más de quince años de servicio o afiliados a partidos o sindicatos, y que en los últimos cuatro años no hayan sido altos cargos ni hayan ocupado puestos de libre designación, que fueron los requisitos acordados para la Presidencia del Consejo de Transparencia.
Tal y como está planteado este particular en el Decreto que ha presentado la Junta, dijo la diputada popular, cualquier consejero recién salido del gobierno puede presidir la Oficina para Prevenir la Corrupción. Además, consideró “una barbaridad” que el responsable puede estar diez años en su cargo, plazo que limitó a un máximo de cinco años.
En sus alegaciones Ruiz Sillero considera necesario que los informes de la Intervención General de la Junta que se envíen a la Oficina de Prevención de la Corrupción se remitan también al Parlamento de Andalucía, para acabar con la “opacidad” en torno a estos documentos.
Del mismo modo, pide que se garantice la protección de los funcionarios que puedan denunciar casos de corrupción en la administración, para evitar casos como los ocurridos esta legislatura de “acoso” a funcionarios de la Junta por presentar denuncias de corrupción. Por otra parte, el PP pide que no se investigue a personas privadas
“Se trata de una oficina configurada a medida por el gobierno socialista, no para prevenir la corrupción, sino para taparla; una oficina del ‘chivatazo’ donde la persona elegida por Díaz recopile información para luego tapar y evitar futuros escándalos”, afirmó, no sin antes recordar que “los grandes casos de corrupción de Andalucía se han dado en la Junta y en los entes públicos dependientes de la Junta como los Ere, los cursos de formación o Invercaria” .
Por último, anunció que el PP enviará este documento de alegaciones a Ciudadanos para que se unan a las reivindicaciones del PP, en especial a la de su tramitación como un Proyecto de Ley en lugar de como un Decreto”.
