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El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Pedro Jiménez, defenderá en el próximo Pleno provincial una iniciativa para exigir a la Junta de Andalucía que cubra las 75 plazas que siguen vacantes del personal de Administración y Servicios de los colegios, institutos y centros infantiles de la provincia de Huelva.
Tras varios meses desde el inicio del presente curso escolar “asistimos a esta falta de personal, que es consecuencia de los recortes presupuestarios de la Consejería de Educación y que dificultan gravemente el correcto funcionamiento de los centros educativos de nuestra provincia”, señala al respecto Jiménez.
A pesar de esto, la Junta de Andalucía sigue negando los recortes que está ejecutando y que, además los agrava con los concursos de traslados y las jubilaciones que no se cubren. Esto se debe a la falta de presupuestos y al mal funcionamiento y descoordinación de la Consejería de Educación.
Las vacantes no cubiertas son de personal de limpieza, ordenanzas, comedores escolares, monitores escolares, monitores de educación especial y otros y afectan a varios centros educativos de la provincia. Esta situación de falta crónica de personal se complica por culpa de la Junta de Andalucía, ya que cuando un trabajador enferma y causa baja, se tarda más de dos meses en proceder a su sustitución. Por ello, en esta iniciativa, Izquierda Unida también exige que las bajas por enfermedad se cubran de manera inmediata, ya que debido a las vacantes existentes, se compromete el funcionamiento de los centros educativos afectados.
Jiménez añade que “la Consejería de Educación funciona parcheando estas deficiencias, acudiendo a la externalización y privatización de estos servicios que se otorgan a empresas, en las que en muchos casos no existen garantías laborales y sus plantillas son sometidas a condiciones de trabajo precarias debido a que no se aplican cláusulas sociales en la contratación con el objeto de abaratar costos”. Por ello, Izquierda Unida también pide a la Diputación que se posicione contra el proceso de externalización que la Consejería de Educación está llevando a cabo en todas las provincias andaluzas y que afecta negativamente al personal contratado por empresas privadas.
En este momento, según denuncia el Sindicato provincial de Enseñanza de CCOO, actualmente hay ya 1.100 trabajadores y trabajadoras externalizadas en la provincia de Huelva, mientras que el personal público se es de unas 900 personas. Esto provoca que se dé el caso de que personas que trabajan en el mismo centro educativo y realizan la misma función tienen enormes diferencias salariales, entre los que lo hacen directamente para la Administración y las que son empleadas por empresas privadas que no aplican cláusulas sociales a sus plantillas.
