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El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, ha recordado en las II Jornadas sobre menores infractores y sistema judicial ‘Ejecución de las medidas judiciales’, celebradas en la Universidad de Huelva, que “le corresponde a la Junta de Andalucía la ejecución de las medidas dictadas por los Juzgados en relación con menores a los que se les impute la comisión de un hecho tipificado como delito en las leyes penales”. “Además -añade- es responsabilidad de las comunidades autónomas la ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados de menores en sus sentencias firmes, regulando la organización, creación, dirección y gestión de los servicios, instituciones y programas necesarios para garantizarlo”.
Acompañado por la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, el delegado del Gobierno ha afirmado que “nuestra comunidad autónoma dispone de los recursos necesarios para responder con eficacia al cumplimiento de esas medidas judiciales, privativas y no privativas de libertad, que dictan los Juzgados”. Esa respuesta se canaliza a través de la Consejería de Justicia e Interior, encargada de garantizar las infraestructuras adecuadas y los profesionales necesarios para atender a los menores infractores.
“Estas políticas dan resultados, y así lo corrobora el dato de no reincidencia de los menores que participan en los programas, cercano al 80%”, asegura Romero. Precisamente, para seguir avanzando en esta línea, el Gobierno de Andalucía ha reforzado en los Presupuestos de 2018 su apuesta por las actuaciones vinculadas a la Justicia Juvenil con una partida de 77,45 millones de euros.
Estos recursos son los que permiten a la Comunidad Autónoma desarrollar el catálogo de medidas que contempla la Ley que incluye medidas privativas de libertad, medidas no privativas de libertad o de medio abierto y medidas de mediación penal de menores.
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