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Las resoluciones y el dictamen de la comisión de investigación presentadas en la Asamblea de Extremadura con motivo del Concurso para la concesión del Servicio de Transporte Sanitario han aumentado la preocupación existente en los 250 trabajadores onubenses y sus familias que vienen prestando este servicio en la provincia de Huelva durante los últimos 20 años, según Huelva Información.
El temor es mayor tras las sucesivas condenas por despidos improcedentes -hasta diez- que ha recibido la empresa que se adjudicó este servicio en Extremadura (Ambulancias Tenorio e Hijos SA) y las conclusiones hechas públicas en la Asamblea Extremeña donde partidos como Podemos y el PP han constatado “irregularidades graves en el procedimiento de concesión”, y este último ha anunciado que llevará directamente a la Fiscalía sus conclusiones ya que “donde había dudas, ahora hay certezas avaladas testifical y documentalmente”.
Al tratarse de la misma empresa que se ha presentado, junto a otras tres, al concurso del Transporte Sanitario de Huelva en fechas recientes, ha provocado gran incertidumbre en la plantilla provincial del Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva: “Si tú ves que se presenta una empresa que está todo el día en la guerra de guerrillas con los trabajadores, despidos, etc. Eso a los trabajadores no les puede sentar bien”, ha manifestado el responsable de Salud y Servicios sociosanitarios de la UGT-Huelva, Jesús Tormo.
Dictamen con graves conclusiones en Extremadura
El PP en la asamblea extremeña ha denunciado que en la adjudicación se han primado los criterios económicos, así como que se vulneró la igualdad entre empresas y se dio “trato de favor” a Ambulancias Tenorio, según resaltó el diputado José María Saponi, que lamentó además el “caos” que se produjo en el inicio de la prestación del servicio, así como las condiciones de los contratos y que el PSOE “no se hubiera puesto del lado de los trabajadores, donde el 90% de los contratos son temporales”.
Por su parte, las conclusiones de Podemos destacan que “no se realizaron inspecciones del material con el que cuentan las ambulancias, que las cláusulas sociales y medioambientales son muy escasas y que el ejecutivo regional no está poniendo las sanciones necesarias a la empresa Ambulancias Tenorio”, enumeró el diputado Daniel Hierro, añadiendo que “se tiene que reclamar a la empresa adjudicataria todas las sanciones recogidas”, denunció al manifestar un mensaje de apoyo a los trabajadores que “ a día de hoy siguen teniendo miedo”, informó la agencia Europa Press.
UGT insta a la Administración “que tenga en cuenta la trayectoria de las empresas, las denuncias perdidas, y no solamente que tengan solvencia y pujen barato”
La empresa sevillana Ambulancias Tenorio, que ganó el concurso del Transporte Sanitario de Extremadura del 2017, está recibiendo además un revés tras otro en el ámbito judicial, y ya ha sido condenada a pagar 600.000 euros “en razón de indemnizaciones por despidos improcedentes a una decena de trabajadores”, según afirmaron a la Cadena COPE Extremadura desde el bufete de Guardado Asesores. La empresa, además, ha sufrido el embargo de varias de sus cuentas corrientes al no afrontar los pagos de la indemnización señalada y hasta que se haga efectiva la condena, lo que ha causado aún más perjuicio a los afectados.
UGT reclama “mayor vigilancia a la Administración”
A este respecto, el portavoz de Salud de UGT Huelva resaltó que las administraciones “tienen que tener muy en cuenta cual es la vida laboral de esas empresas (trayectoria) que se presentan, las denuncias que tienen puestas y perdidas, con el fin de que cuando se contrate una empresa, no solamente tenga solvencia económica y puje muy barato, sino que los servicios que prestan los presten bien, no tengan problemas de tipo laboral y no se aprovechen de las circunstancias para joderle la vida de los trabajadores”, describió gráficamente Tormo en una intervención en Canalcostatv.
El portavoz sindical añadió que la Administración “al publicar los pliegos de condiciones debe valorar también este tipo de cuestiones en las relaciones laborales, para puntuar o no puntuar, y no permitir el acceso de determinado tipo de empresas al concurso”. Pero no solamente es una empresa -continuó Tormo- “son otras tres las que se han presentado y el caso es que la empresa actual está prestando un servicio de alta calidad, y tanto la empresa como los trabajadores están colaborando para que el servicio se preste sin el menoscabo de esa calidad que se necesita en lo público”.
Los abogados de los trabajadores extremeños calculan que el montante de indemnizaciones que tendrá que abonar rondará los 2 millones de euros
El concurso por el transporte sanitario se ha iniciado ya en Huelva y los representantes de los trabajadores de UGT y de CCOO manifestaron en rueda de prensa su desconfianza por los términos del pliego de condiciones, principalmente por las características de un nuevo tipo de ambulancias creado por la Junta de Andalucía y la falta de refuerzo en la capital: “Se está tratando de poner en algunos sitios un servicio de ambulancias con una dotación en la que solamente va un técnico, sin médico o enfermero para la prestación de determinados servicios y, especialmente en Huelva capital, esto puede traer consecuencias”, advirtió Tormo.
“Defensa de los intereses de los trabajadores de Huelva”
El representante de Salud de UGT Huelva – mayoritario en el transporte sanitario – expresó su deseo “de no tener ningún problema con la empresa que se haga con el servicio porque, en el momento en que se incumpla la normativa, vamos a estar al pie del cañón para defender los intereses de los trabajadores y no vamos a permitir ningún tipo de despido de la gente que está trabajando”. “Estamos hablando de más de 200 trabajadores y lo que no puede ser es que vengan empresas que, por el hecho de que trabajen en otros sitios y encontraran la situación de manera distinta puedan perjudicar los intereses de trabajadores que llevan años prestando este servicio en unas condiciones de calidad de la prestación estupendas”, recalcó el portavoz sindical.
El montante de indemnizaciones que tendría que acometer la empresa adjudicataria en Extremadura podría alcanzar los dos millones de euros detalla el abogado Eduardo Guardado, resaltando que los jueces extremeños han acreditado con sus sentencias que Tenorio ha incumplido “tanto el espíritu del convenio colectivo del sector, como el propio pliego de condiciones”. De hecho – aclaran desde el bufete – “hay un pliego de mínimos donde se dice que la empresa adjudicataria se tiene que subrogar en 812 trabajadores y como la empresa no lo está haciendo y lo ha hecho en un porcentaje inferior, esa es la razón principal por la que estamos ganado los procedimientos”.
