Por La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, se ha referido este viernes al auto judicial que ha ordenado el cierre “cautelar” de los pozos de riego en la finca de ‘Matalagrana’ de Almonte y ha señalado que el Gobierno andaluz “puede compartir las resoluciones o no, pero la tiene que acatar”, no obstante ha insistido en que si no se hubiera aprobado el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, la situación “sería más difícil”.
En declaraciones a los periodistas en Almonte antes de presidir el pleno del Consejo de Participación de Doñana, Serrano ha precisado que la Junta de Andalucía “certificó que esta finca pudiera ser regularizada de acuerdo con el plan”, pero es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la que “tiene que regularizar estos pozos”.
Por su parte, el presidente de la CHG, Manuel Romero, ha subrayado que se trata de “una finca de 200 hectáreas y que es un asunto puntual, frente a las más de 9.000 que abarca el plan”.
A su vez, la consejera ha remarcado que con la aprobación del Plan de la Corona Forestal esta misma semana en Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía “cumple con sus compromisos”. En este sentido, ha asegurado, en el transcurso del pleno del Consejo de Participación de Doñana, que la compatibilidad entre la actividad agraria del entorno y la conservación del espacio natural y del acuífero ha dado un importante paso con la aprobación del plan, “que contribuirá a garantizar el futuro socioeconómico de la comarca y la protección de Doñana”.
En opinión de la consejera, el Plan de la Corona Norte, dotado con un presupuesto de 65 millones de euros, permitirá que todas las administraciones, en especial la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, continúen o inicien acciones para que la ordenación de los regadíos sea social, económica y ambientalmente sostenible. En este punto, Serrano ha solicitado a la CHG que “agilice” la regulación de los regadíos de su competencia.
NUEVA PLANIFICACIÓN
Por otro lado, Serrano ha anunciado que el primer semestre de 2015, Doñana dispondrá ya de su nueva planificación, una vez que se culmine la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Todo ello supondrá además una ampliación de unas 14.000 hectáreas de la superficie protegida, ubicadas en montes públicos de la Junta de Andalucía.
A todo ello, hay que sumar el proyecto Life que ha presentado la Consejería ante la Unión Europea, con un presupuesto de 5,5 millones de euros. Esta iniciativa, denominada AdaptaMed, va a aprovechar la Red Andaluza de Observatorios de Cambio Global para investigar en los tres parques con observatorios –Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevad y Doñana– los efectos y las herramientas para combatir el cambio climático.
En otro orden de cosas, la consejera ha manifestado que “son la CHG y el Ministerio los responsables de solicitar a la Junta de Andalucía el trasvase del Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir”. En este sentido, al ser más de cinco hectómetros cúbicos, esta medida debe realizarse mediante Ley aprobada en el Congreso y que se incorpore el trasvase al Plan Hidrológico Nacional.
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) Manuel Romero, ha destacado la importancia del Plan de la Corona Norte de Doñana, indicando además que ya se han acotado las hectáreas afectadas, pero ha precisado que “el plan es un medio y no un fin porque hay que seguir trabajando”.
En este sentido, ha hecho hincapié en que “la ley de agua es complicada”, pero el Gobierno “va a seguir trabajando para poder traer a la comarca agua superficial”. Al respecto, ha asegurado que se está avanzando en la obra del trasvase de los 4,99 hectómetros cúbicos y estudiarán la posibilidad de ampliar el trasvase.
Junta acata el cierre de pozos y asegura que sin el Plan de la Corona Norte la situación sería “más difícil”
ECOLOGISTAS Por su parte, el portavoz de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz, ha señalado que si la autoridad judicial ha ordenado el cierre de pozos “por incumplimiento de la legislación ambiental, no hay nada que hacer”. En este sentido, ha asegurado que “el pasado verano se aumentaron 30 hectáreas más de riego en el entorno de Doñana sin ningún permiso”, lo que considera “un tema grave”.
A su vez, ha precisado que el Plan de la Corona Norte de Doñana “busca las herramientas oportunas, pero no legaliza estas hectáreas”, no obstante considera “rocambolesco” que este cierre “se anuncie la misma semana que se aprueba el citado plan”.
También el presidente del Consejo de Doñana, el científico Miguel Delibes, se ha pronunciado al respecto y ha remarcado que “quizás éste no era el mejor momento para ordenar este cierre, pero con la justicia no podemos discutir”. Entiende que “ha llegado en un momento malo, justo cuando se va a ordenar qué es regularizable o no”
No obstante, el asunto del agua en Doñana lo considera “un problema” porque es “limitada y todo el mundo la quiere y es un conflicto con el que tenemos que convivir”, sin embargo remarca que “todo lo que sea mantener Doñana es ir progresando y es importante porque es complicado”, por tanto cree que “hay luces y sombras”.
ABANDONAN EL PLENO
Por su parte, han abandonado la sesión del Consejo de Participación de Doñana, en solidaridad con los agricultores, tras el cierre cautelar de los pozos en la finca ‘Matalagrana’, los representantes de Asaja, COAG y Empresarios de Doñana, así como de los ayuntamientos de Almonte, Aznalcázar, Bonares, Rociana del Condado, Moguer y Lucena del Puerto.
Durante su intervención, según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP), ha indicado que la comarca “está asistiendo desde hace tiempo a la criminalización de la agricultura en Doñana, una actividad tradicional desde hace miles de años, y que ahora se encuentra en peligro de extinción”.
Según las cifras que manejan agricultores y Ayuntamiento, “están en peligro 400.000 jornales y el 80 por ciento del sector productivo de la zona”.
Por su parte, la organización agraria Asaja-Huelva ha realizado un llamamiento urgente a las administraciones para que eviten por todos los medios la clausura de los pozos de riego de la finca experimental de ‘Matalagrana’, una explotación integrada que produce frambuesas y fresas ecológicas desde el año 1996, año en el que fue suscrito el convenio entre el Ayuntamiento de Almonte, la Junta de Andalucía y los 18 productores hortofrutícolas que debían instalarse y explotar estas tierras como muestra de agricultura sostenible en el entorno de Doñana.
Por ello, solicita a las administraciones competentes que “hagan todo lo que esté en su mano” para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir conceda de forma inmediata un permiso de riego y que así se paralice temporalmente ese proceso de clausura de los pozos, hasta tanto en cuanto se pueda llegar a una situación de legalidad administrativa para los mismos.
