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Rafael Sánchez Rufo, candidato de Adelante Andalucía por Huelva junto con la también candidata, Silvia Zambrano, han informado hoy en Huelva sobre las propuestas que tiene Adelante Andalucía para “que el próximo gobierno de la Junta de Andalucía convierta en una prioridad ponerse de lado y ayudar con recursos suficentes a las personas a las que la crisis ha dejado en la estacada”.
Para ello, Sánchez Rufo ha explicado que “vamos a poner en marcha una ambiciosa agenda legilsativa para defender a estas personas”. En concreto, Adelante Andalucía va a impulsar una Ley para que el 2% del PIB andaluz se destine exclusivamente a financiar los servicios sociales para cerrar la enorme brecha de desigualdad social que se ha abierto en Andalucía por culpa de la aplicación de políticas neoliberales, “donde las necesidades de las familias en riesgo de exclusión social, de la infancia, de las personas dependientes y de las víctimas de la crisis no están siendo atendidas como éstas necesitan, dejándolas a su suerte”.
Actualmente, el 37% de la población andaluza está en riesgo de exclusión social, “un porcentaje que en la provincia de Huelva supera el 40%”, apunta Sánchez Rufo. Con estos recursos la Junta de Andalucía estaría en condiciones de “blindar” los servicios sociales con personal y recursos suficientes, garantizando que las prestaciones y las ayudas públicas sociales lleguen a tiempo, como son las ayudas al alquiler, la renta mínima de inserción y toda una batería de medidas sociales destinadas a las familias que lo están pasando mal y puedan vivir en condiciones dignas. Adelante Andalucía va a hacer que la Administración pública andaluza ayude de verdad a estas personas y no las deje de lado “como ha sucedido hasta ahora por culpa del gobierno de Susana Díaz que ha compartido al pie de la letra las indicaciones para incrementar la desigualdad social que ha puesto en marcha de acuerdo con Ciudadanos”, ha explicado Sánchez Rufo.
Adelante Andalucía también va a poner en marcha una Ley para regular los procedimientos de emergencia ciudadana que servirá para destinar los recursos disponibles a pagar los derechos de la mayoría. “Es un escándalo” que el gobierno de Susana Díaz haya decidido pagar antes los alquileres de los altos cargos que las ayudas al alquiler de las familias andaluzas con problemas económicos, ni que se destinen sólo 13 millones de euros a pensiones no contributivas frente a los 50 millones anuales que se ha gastado en publicidad institucional.
