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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está llevando a cabo una serie de contactos y reuniones con el sector agrario andaluz a fin de informar sobre los efectos que puede tener en Andalucía la aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Bruselas. Estas reuniones ya se han realizado en las localidades de Lebrija (Sevilla), Úbeda (Jaén) y Jerez de la Frontera (Cádiz) con el sector agrario y seguirán celebrándose en los próximos días en otros puntos de Andalucía.
El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, y la directora general de Ayudas Directas y de Mercados, Consolación Vera, han mantenido estos encuentros con sectores especialmente afectados por la nueva PAC propuesta por el Ministerio para el próximo marco europeo (2023-2027). En el caso de la provincia de Jaén en el informe elaborado por la Consejería se concluye que se encuentra entre las provincias más castigadas por este nuevo modelo de aplicación de la PAC. La importancia de esta provincia es manifiesta ya que cuando aún faltan algunos pagos pendientes, son 82.621 agricultores y ganaderos los que recibieron en 2021 ayudas europeas por valor de 316,4 millones de euros.
Vicente Pérez ha explicado que “el Plan Estratégico impone mayores exigencias ambientales a los productores agrarios que son más en el caso de las explotaciones olivareras”, recordando el “enorme peso” que este sector tiene en la economía jiennense, de manera que el 61% de los perceptores jienenses perderán recursos respecto de lo que venían percibiendo.
El secretario general de Agricultura explicó que ahora para poder solicitar el equivalente al Pago Verde de la PAC, “en lugar de hacerlo automáticamente en base a la función medioambiental y climática de los olivos, que protegen el suelo y la biodiversidad y sirven de sumidero de carbono; deberán demostrar que cumplen con los nuevos requisitos que establece el Plan Nacional Estratégico”. En este sentido, explicó que el nuevo criterio se basa exclusivamente en la pendiente del terreno para definir los cultivos leñosos.
Esto se debe a que los cultivos permanentes como el olivar no serán a partir de ahora en sí mismos un eco-régimen, como ha solicitado el Gobierno andaluz reiteradamente durante el período de negociación de las nuevas bases de aplicación de la política europea. Consolación Vera ha insistido en que, de no aceptarse la propuesta andaluza, “estos olivareros no podrán acceder de forma automática a los fondos relativos a esta nueva figura que sustituye al Pago Verde en 2023-2027”.
En el caso de Sevilla, el porcentaje de agricultores y ganaderos que perderán fondos supone el 60% del total y en Cádiz será el 43%. En todos los casos, y tal y como ha señalado la consejera Carmen Crespo en sede parlamentaria esta misma semana, “el Gobierno de España tiene en sus manos que los agricultores andaluces no salgan perdiendo con la nueva PAC” de manera que los responsables de la Consejería manifiestan su confianza en que sean atendidas las alegaciones presentadas al Plan por parte de Andalucía y se tengan en cuenta los argumentos técnicos que se esgrimen. “Se trata de unas alegaciones que nacen de la unidad de acción entre la Junta, organizaciones agrarias y cooperativas”, subraya Vicente Pérez.
El documento elaborado por el Gobierno andaluz también concluye en los efectos negativos que tendrá la fuerte reducción del 60% en el número de regiones productivas de España,que pasa de tener 50 a contar con 20.
Peticiones de la Junta no consideradas por el Ministerio
Durante las negociaciones del Plan Estratégico la Junta de Andalucía solicitó en reiteradas ocasiones que la nueva PAC responda a la diversidad productiva de cultivos leñosos del país y de la Comunidad Autónoma andaluza, que es el territorio que más ayudas percibe. Desde la Junta, se planteó la necesidad de que cualquier propuesta de cambio estuviese acompañado de estudios sobre el impacto y que se analizasen las consecuencias económicas, sociales y medioambientales sobre los diferentes sectores y los territorios.
La Consejería de Agricultura no ha apoyado este Plan Estratégico Nacional remitido a la Unión Europea a finales de año por considerar que es un documento que no cuenta con el consenso de las comunidades autónomas ni del sector español y que, en el caso de Andalucía va a provocará una importante reducción de los fondos europeos, dándose las circunstancias de que es un sector fundamental para su economía, de ahí las alegaciones presentadas, a las que sigue esperando respuesta.
Por el contrario la Junta de Andalucía ha defendido unas posiciones consensuadas con el sector agrario, hasta el punto de firmar una declaración institucional entre el Gobierno andaluz, las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en septiembre de 2020.
