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En la reunión participaron representantes políticos de Moguer, Bonares, Lucena del Puerto, y los alcaldes de Rociana del Condado y de Almonte.
Para el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias, “la falta de compromiso e implicación hacia este problema ha dado como resultado que estén en peligro más de 400.000 jornales, así como el 80 % del sector productivo de la zona, lo que supone de manera indirecta el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, las cinco localidades se encuentran en peligro de extinción”, ha trasladado.
Por su parte, los responsables de la Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva han indicado que, “en este momento, están en juego cientos de millones de euros, ya que las inversiones están hechas en la próxima cosecha –un total de 250 hectáreas-, lo que supondrá si las instituciones no lo remedian la ruina para los agricultores y una auténtica debacle en el tejido social de la comarca de Doñana”.
Sobre la primera medida en firme conocida, la asociación de agricultores “Matalagrana” de Almonte ha alertado acerca de las “gravísimas consecuencias que pueden derivarse del cierre de pozos”, ya que supondrá la pérdida de las
cosechas en cuestión de días, así como la ruina de los agricultores y un auténtico azote para la zona. Han indicado que “400.000 jornales dependen de un hilo tras esta noticia”.
Ante lo desproporcionado de la decisión adoptada, el colectivo recuerda que “realiza su actividad desde 1996”, año en el que comenzaron a suscribirse convenios de colaboración con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de Almonte, para la introducción de técnicas de cultivo compatibles con el medio ambiente en una finca de titularidad pública,
siguiendo el dictamen de la Comisión de expertos para el desarrollo sostenible del entorno de Doñana (1992).
Del mismo modo, mencionan que las explotaciones agrarias y ganaderas de carácter ecológico y producción integrada, “no han recibido subvención pública alguna”. Por tanto, se trata de “una experiencia plenamente exitosa desde un punto de vista económico, social y ambiental”, tal y como han ratificado numerosos premios y reconocimientos públicos y privados, hasta constituir un referente como modelo de desarrollo sostenible.
Pese a ello, los agricultores califican esta iniciativa de “auténtica pesadilla”, puesto que las tierras de titularidad pública –con pozos construidos por el
propio IARA- “no han estado registradas como tierras de regadío hasta el pasado 16 de diciembre de 2014, con ocasión de la aprobación del Plan de Regadíos”.
Por último, ratifican que su actividad es compatible con el buen estado del acuífero dado el carácter ecológico de los cultivos, “lo que conlleva el uso extremadamente eficiente del agua y la prohibición de emplear sustancias químicas que puedan afectarle”. Por último, los responsables de la asociación Matalagrana han anunciado que continuarán solicitando “el apoyo de los trabajadores, familias y vecinos de la comarca para normalizar el cultivo de regadío y evitar la desaparición de nuestros pueblos”.
