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Alcaldes de municipios del Condado onubense y el Gobierno central han estrechado lazos de colaboración institucional y han establecido una hoja de ruta para avanzar en las autorizaciones de riego que están pendientes en el marco del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos de agua a la comarca, así como en aquellas que corresponden a la Comunidad de Regantes del Condado.
Esta es una de las principales conclusiones que puede extraerse de la reunión que han mantenido este martes los alcaldes y alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, de Bonares, Juan Antonio García, de Lucena del Puerto, David Vivas, de Moguer, Gustavo Cuéllar, y de Rociana del Condado, Diego Pichardo, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Ramón Guinea, y el Comisario de Aguas de esta entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alejandro Rodríguez.
Durante la reunión, los cinco alcaldes y alcaldesa no sólo han arrancado ese compromiso de los representantes del Gobierno central, sino que también han abordado la situación de la transferencia de 15 hectómetros cúbicos de agua al Condado que aún está pendiente de aprobación por parte del Ejecutivo de la nación. En este punto, los representantes municipales del Condado han destacado la importancia de que el Proyecto de Ley se apruebe cuando antes en el Congreso de los Diputados, por lo que han considerado necesario que la Cámara Baja lo incluya en el orden del día del próximo Pleno.
Los alcaldes y alcaldesa han recordado que ese Proyecto de Ley ya fue aprobado en el Parlamento de Andalucía con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos y cuenta con el respaldo tanto de la Junta de Andalucía -administración de la que depende la cesión de agua proveniente de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras- como de la cuenca receptora -en este caso, la del Guadalquivir-.
Por ello, los regidores y regidora del Condado, que han valorado “positivamente” la reunión, no ven motivos para que se demore por más tiempo un trámite que califican de “indispensable” para garantizar la integridad ambiental de Doñana y la estabilidad del sector agrícola del entorno, considerado la principal fuente de empleo de la zona.
Por último, los alcaldes y alcaldesa han destacado que se han producido avances en estos meses, pero entienden que aún queda trabajo pendiente que es necesario agilizar para dar seguridad jurídica al sector.
