El Ayuntamiento de Almonte ha vuelto a llamar la atención sobre la grave erosión que sufre el Acantilado del Asperillo, uno de los enclaves naturales más singulares del litoral onubense, y sobre la situación de las personas que residen en su entorno, afectadas de manera directa por el avance del mar. El Consistorio advierte de que ambas circunstancias son consecuencias de un mismo proceso que requiere una respuesta coordinada por parte de las administraciones.
El Monumento Natural del Acantilado del Asperillo, situado entre Matalascañas y Mazagón, fue declarado en 2001 por su valor geológico y paisajístico. Considerado el acantilado dunar más alto de Europa, forma parte del entorno de Doñana. Sin embargo, su frente costero retrocede cada año entre medio metro y un metro, como consecuencia de la erosión agravada por actuaciones humanas y por la alteración del transporte natural de arenas a lo largo de la costa.
Desde el Ayuntamiento de Almonte aseguran que diversos informes técnicos y ambientales apuntan al espigón Juan Carlos I, en la costa de Huelva, como uno de los principales factores que interrumpe el flujo natural de sedimentos hacia el sur. El Consistorio considera necesario revisar de forma crítica su impacto real, ya que la retención de arena al norte del espigón está afectando a tramos costeros de Matalascañas y al propio Asperillo.
A los efectos ambientales se suma la realidad de los habitantes del entorno del acantilado, especialmente en la zona conocida como Rancho Pichelin, donde existen edificaciones y viviendas rurales afectadas por la erosión. Algunas de ellas están habitadas, de forma permanente o estacional, por personas que han tenido que levantar muros o defensas provisionales para frenar el avance del mar.
El Ayuntamiento considera que estas familias representan una de las caras más visibles del impacto del cambio climático en el litoral y defiende que su situación debe ser reconocida y atendida institucionalmente, en condiciones equiparables a las de los denominados “refugiados climáticos”, al encontrarse en riesgo de desplazamiento por causas ambientales.
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y la Demarcación de Costas han impulsado un proyecto de regeneración de la playa de Matalascañas, con una inversión cercana a seis millones de euros, que contempla el aporte de 700.000 metros cúbicos de arena y la remodelación de nueve espigones.
El gobierno local ha valorado esta medida, pero advierte que estas actuaciones resultan insuficientes si no se abordan las causas estructurales del problema, y recuerda que “aportar arena no puede ser una solución indefinida cuando la dinámica costera sigue interrumpida”.
Por todo ello, el Consistorio insta al Miteco a revisar el efecto del espigón Juan Carlos I, a sustituir las medidas paliativas por soluciones estructurales, y a garantizar protección y acompañamiento social a las familias afectadas. Del mismo modo, reclama que cualquier planificación del litoral se haga con participación activa del Ayuntamiento y de la comunidad local, que conoce de primera mano la evolución del territorio y sus riesgos.