Por Partido Popular e Izquierda Unida han votado favorablemente en un pleno extraordinario y urgente al Plan de Ajuste para acogerse a las medidas adoptadas por el gobierno de la nación, por las que el Ayuntamiento recibirá un crédito que permitirá el pago a proveedores. El PSOE ha votado en contra. Las doscientas empresas acreedoras aparecen en un listado que publicó el consistorio en su página web, por un importe nominal cercano a los 10.600.000 euros a 31 de diciembre del pasado año. Un 85 por ciento de ellas son almonteñas.
El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias, se dirigió a los socialistas para indicarles que ‘este crédito es para pagar la rémora que ustedes nos han dejado, pero tiráis la piedra y escondéis la mano. No os sumáis a este esfuerzo colectivo
para abonar vuestros números rojos y preferís mirar hacia otro lado, dejando tirados a los proveedores’. Así, anunció que el equipo de gobierno popular ha pagado ya cuatro millones de la deuda contraída por los socialistas en la etapa anterior y que el resultado del ejercicio 2011 va a arrojar un saldo positivo de más de tres millones de euros.
Asimismo, recordó que el anterior alcalde –Francisco Bella- entró en el Ayuntamiento en 1991 echando a sesenta trabajadores. ‘Un verdadero ataque al empleo local que no se parece en nada a lo que vamos a hacer nosotros’. Reveló que, ‘al entrar en el despacho en junio de 2011, encontré en la mesa una ponencia de valores firmada,
ahora que el valor catastral está muy alto, lo que hubiera significado un aumento del cien por cien del IBI urbano en diez años’. Ha defendido la política de no subida de impuestos del PP que se encuentra en los márgenes del IPC, ‘al contrario que las
subidas de hasta el 600 por cien que vosotros habéis hecho en vuestro años de gestión con algunas tasas’.
Atacó al PSOE por el bulo lanzado en torno a la falsa supresión del autobús urbano, con el único fin de engañar a los ciudadanos. ‘Los vecinos deben saber que el servicio costaba 300.000 euros en la etapa socialista, mientras que el equipo de gobierno popular ha conseguido mantener el mismo a coste cero para las arcas municipales’.
El portavoz del PSOE, José Villa, quedó desautorizado por el secretario, quien afirmó que ‘desde secretaría, no se ha mandado una resolución a DAMAS rescindiendo el contrato’, tal y como sostenía aquel en su intervención.
Estado de cuentas
El concejal de Hacienda, José Carlos Curto, explicó a lo largo de su exposición que se trata de salvar la tesorería municipal, habida cuenta del saldo negativo de 9 millones de euros, al que hay que sumar la deuda financiera y la contraída con proveedores. Acusó al anterior equipo de gobierno de ‘actuar por capricho, con unos
gastos corrientes que han superado las necesarias inversiones en materia de servicios. Un despilfarro general que exigía medidas como la que ha tomado ahora el Partido Popular, de las que eran plenamente conscientes, y que no han asumido por cobardía y
electoralismo’.
Citó algunos ejemplos:’mientras todos los ciudadanos abonan religiosamente la basura, 6.355.000 euros de este crédito irán a URBASER, porque estos señores no pagaban. También vamos a ponernos al día con otros atrasos: 300.000 euros a la empresa DAMAS a cuenta del transporte público. El gasto telefónico, que suma 127.688 euros. La electricidad, 811.000 euros. 12.000 euros en viajes. A empresas de personas directamente relacionadas con el anterior equipo de gobierno, se le van a pagar ahora 12.000 euros’.
Finalmente, argumentó que ‘el Partido Socialista ha votado en contra de unas medidas que favorecen el empleo, ya que el plan contempla inversiones por más de seis millones de euros’. El alcalde y el responsable económico del Ayuntamiento agradecieron su esfuerzo al equipo de intervención, tesorería y renta, así como a la concejalía de Hacienda. Estas medidas se han aprobado en diferentes instituciones y ayuntamientos en los últimos días. El pleno debía ratificar el plan de ajuste antes del 31 de marzo.
Por su parte, el concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Daniel Martínez, afirmó durante la sesión que ‘con el plan de ajuste, no se produce una merma de los servicios que ha de prestar el Ayuntamiento’. Al contrario, recordó que ‘el PSOE lleva años incrementando los impuestos y es responsable de la actual
incapacidad de los ayuntamientos para hacer frente a los pagos’. Finalmente, mencionó el recorte del cinco por ciento del sueldo que los socialistas almonteños aplicaron a los empleados públicos en la época de Zapatero.
Las medidas
El plan de ajuste pasa por medidas de reducción del gasto en personal laboral y de libre designación; nuevo enfoque a los talleres culturales y escuelas deportivas; reducción del personal del confianza; reducir contratos externalizados; supresión de
empresas que presenten pérdidas de un 50 por ciento de capital social (EMVIAL y AVANTUR); reducción y unificación de contratos de mantenimiento; no continuar los pagos a la sociedad Exclusivas Doñana (campo de golf); reducción en la prestación de servicios no obligatorios; recortes en la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva y de la Unidad Territorial de Empleo, Consorcio de Bomberos, y renovación o novación de la deuda actual con las entidades financieras.
En cuanto a los ingresos, subida temporal de 0,10 en el impuesto de bienes inmuebles a partir de 2014, condicionado por la acción del gobierno del Estado; acuerdo para el inicio en 2006 de una ponencia de valores; mejora en la recaudación; potenciar la inspección tributaria; correcta financiación de tasas y precios públicos; revisión de servicio de abastecimiento de agua por parte de GIAHSA, y estímulo comercial de la sociedad Exclusivas Doñana.
El Real Decreto Ley 4/ 2012 responde a la intención del gobierno central para que los ayuntamientos respondan a la deuda que tienen contraída con proveedores a 31 de diciembre de 2011. El plan de ajuste tiene una vigencia de diez años y debe realizarse en función del débito contraído, con el fin de garantizar la viabilidad de las
entidades locales. El saneamiento de la tesorería municipal permitirá una reactivación de las inversiones para el beneficio común de los ciudadanos.
