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El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) elevará al Consejo Consultivo de Andalucía la licencia concedida al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de las obras en el Palacio de Doñana, sede de la Reserva Biológica de Doñana y ubicado en pleno corazón de la reserva natural homónima sobre suelo no urbanizable de especial protección, con el fin de este organismo determine su idoneidad.
Esta decisión ha trascendido días después de que la Fiscalía de Huelva haya trasladado una denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de los de La Palma del Condado por posibles delito de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación en relación a estas obras iniciadas en octubre de 2014 de remodelación acometidas en el citado edificio, propiedad del Estado y datado en el siglo XVI-XVII, según publicó Europa Press el pasado domingo.
No obstante, desde el Ayuntamiento recuerda que el expediente de revisión fue iniciado el pasado mes de febrero por iniciativa propia del equipo de gobierno del Ayuntamiento almonteño, ha informado el Consistorio en una nota.
Así lo ha aprobado por unanimidad el pleno del Ayuntamiento de Almonte, avalando la propuesta presentada por el concejal de Urbanismo, Antonio Joaquín Díaz, de aprobar el Inicio del Expediente de Revisión de Oficio de la Licencia de Obra expediente LO/119-15, concedida al CSIC, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2015, por la posible concurrencia de la causa de nulidad.
Por su parte, Antonio Joaquín Díaz considera este paso «coherente y aconsejable» para que sea el órgano Consultivo de Andalucía el que «dictamine», ya que, ante el requerimiento del Colegio de Arquitectos de Huelva, se suscitan distintas interpretaciones en relación al otorgamiento de la citada licencia.
Según reza en la denuncia del Ministerio Fiscal, el fiscal entiende que los informes técnicos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, a finales de 2015, «ponen de manifiesto la ilegalidad de al menos parte de las obras ejecutadas en atención a la protección del inmueble afectado y al alcance y naturaleza de aquellas».
En concreto, el fiscal del caso, Alfredo Flores, dirige esta denuncia contra nueve personas –arquitectos de la empresa constructora, personal del Ayuntamiento de Almonte, miembros de su corporación y del CSIC–.
La Fiscalía, en su denuncia, entiende que la licencia no debía haber sido otorgada, ya que las actuaciones llevadas a cabo en el edificio van más allá de las que permite su protección, competencia y responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Almonte, en aquellas fechas gobernado por el PP.
Estas obras fueron paralizadas por el Ayuntamiento almonteño a finales de abril de 2015 por carecer de licencia oportuna al ser un edificio protegido, si bien posteriormente tras la modificación del informe del arquitecto responsable, se le concedió la licencia con el gobierno socialista al frente, cerrando el expediente municipal sin sanción alguna pese a que el informe técnico de unos días antes calificaba los hechos como «infracción muy grave de la LOUA».
