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El Ayuntamiento de Almonte ha aprobado en Pleno una propuesta de resolución para solicitar a la Junta de Andalucía el reconocimiento formal del derecho preferente que la ley otorga a los municipios de Doñana y que Almonte reclama ejercer. La iniciativa se aprueba en un momento especialmente relevante, coincidiendo con la revisión del PRUG y del PORN, que definirán el modelo de gestión y uso del espacio protegido para los próximos años.
El acuerdo plantea que Almonte pueda asumir, de forma directa o mediante fórmulas de cooperación, la gestión de servicios como las visitas guiadas en vehículos todoterreno, las visitas fluviales por el Guadalquivir, los aprovechamientos forestales y la explotación de servicios complementarios en los centros de visitantes El Acebuche, La Rocina y Palacio del Acebrón. El Ayuntamiento considera que estos servicios, desarrollados íntegramente dentro de su término municipal, podrían gestionarse desde lo local garantizando calidad, sostenibilidad y la reinversión de los beneficios en el territorio, siguiendo modelos ya implantados con éxito en otros parques nacionales.
Almonte alberga más del 45% de toda la superficie de Doñana, lo que lo convierte en el municipio más directamente vinculado a la conservación del territorio y, al mismo tiempo, el más condicionado por las restricciones derivadas de su protección. Esta singularidad, unida al conocimiento histórico y social que la población local tiene de los usos tradicionales del entorno, ha llevado al Ayuntamiento a fijar una posición clara en defensa de sus derechos y competencias.
El alcalde defiende la solvencia y derechos del municipio
Bella ha subrayado que “este equipo de Gobierno siempre va a estar respaldando los intereses de este pueblo”. Y ha explicado que la propuesta es clara: “en las concesiones administrativas que haya que dar en el Parque Nacional tiene que ser preferente el Ayuntamiento de Almonte. Espero que tengamos un acuerdo que nos permita responder a los objetivos que todos compartimos”.
El primer edil ha destacado, además, que los actuales operadores del itinerario Sur en Doñana han demostrado solvencia y cumplimiento, señalando que “los objetivos que establece la Ley de Doñana, los que establece el PRUG y el PORN, todos están cubiertos con el servicio que presta la cooperativa Marismas del Rocío y otras empresas. Han cualificado el servicio y no conozco ningún informe oficial negativo sobre su actuación. No entiendo por qué esa solvencia de 40 años no se puede contemplar ahora en un pliego de condiciones, y no hay razones legales para ello”.
El Ayuntamiento subraya que esta petición se sustenta en el marco jurídico vigente, que reconoce la necesidad de integrar a la población local en la gestión de los parques nacionales, promover un turismo sostenible que revierta en las comunidades del entorno y asegurar la participación efectiva de los municipios en la toma de decisiones estratégicas.
El acuerdo, aprobado con los votos favorables de Ilusiona, PSOE y Vox, insta a reforzar la participación del Ayuntamiento en los órganos de gestión del Espacio Natural, garantizando una presencia efectiva en decisiones sobre movilidad, accesos, uso público y planificación de actividades. Este documento será trasladado a la Junta de Andalucía, a la Dirección del Espacio Natural de Doñana y a los colectivos sociales y económicos vinculados al Parque.
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