La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha calificado como “básico” que “el número de regiones agroecológicas sea similar al de regiones productivas que se definan para evitar un posible trasvase de fondos” entre agricultores y ganaderos en el Plan Estratégico Nacional de la nueva Política Agraria Común (PAC), que condiciona un 23% del presupuesto al cumplimiento de las condiciones ambientales, es decir, a los denominados ecoesquemas.
La titular del ramo ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Grupo Popular Juan Ignacio Zoido en la que se ha abordado el estado de las negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el resto de comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo respecto al número de regiones agroecológicas y del que dependerá que el modelo agrario que defiende Andalucía sea aplicable a partir de enero de 2023. “Es importante que desde Bruselas se entienda por qué estamos pidiendo que se fijen veinte regiones agroecológicas y no las ocho que plantea el Gobierno”, ha enfatizado Crespo.
Después de que el pasado 14 de julio se sentaran las bases políticas del Plan Estratégico Nacional, la discusión se centra ahora la definición de las prácticas para cumplir los ecoesquemas y en el número de regiones agroecológicas que, a juicio de Andalucía, deben coincidir con las regiones productivas. De esta forma se están reduciendo los 600.000 importes unitarios existentes para la condicionalidad reforzada y el pago verde (Greening) a 20 de ecoesquemas.
Los ecoesquemas tienen una gran importancia en la asignación de las ayudas directas. “Tenemos que facilitar a los agricultores y ganaderos que se acojan a realizar estas prácticas y poder así cumplir los objetivos de sostenibilidad. No tiene sentido dificultar el acceso, pues hay que recordar que son prácticas voluntarias, y lo contrario podría provocar trasvases de fondos entre comarcas y comunidades”, ha señalado. Así, el Gobierno andaluz apuesta por articular ecoesquemas atractivos con el fin de que se acojan a ellos el mayor número posible de agricultores y ganaderos, y que, de esta forma, España contribuya al cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por Europa.
Otra de las demandas del Gobierno andaluz es que tanto la agricultura como la ganadería ecológica cumplan, per se, con los ecoesquemas.
Sector agroalimentario andaluz
Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional, recibe el 27% de los fondos de de las ayudas de la Política Agrícola Común, ya que aglutina al 33% de los perceptores de estas subvenciones.
Actualmente, el sector agroalimentario andaluz emplea a alrededor del 10% del total de trabajadores de Andalucía. En cuanto al Valor Añadido Bruto (VAB), esta actividad aporta en torno al 9% del total de la Comunidad Autónoma, si bien este porcentaje se eleva hasta el 16% si se incluyen en el cálculo las industrias relacionadas con esta actividad al encargarse de proveer insumos o transportar y distribuir los productos. Si se analiza la contribución de Andalucía al VAB nacional del ámbito agroalimentario, la región aporta el 32% del total de España.