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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible reclama al Gobierno central igualdad de condiciones para las flotas de arrastre de todas las comunidades autónomas mediterráneas en el establecimiento de los criterios de aplicación del plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales. La consejera Carmen Crespo ha trasladado su apoyo a los representantes de este sector andaluz, que han acudido a la sede del Departamento de Pesca de la Junta de Andalucía para mantener un encuentro telemático con pescadores, armadores y sindicatos, así como con personal de las administraciones regionales de la cuenca mediterránea y del ministerio
El Ejecutivo andaluz no considera justa la propuesta de la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, de premiar con un 8% de cuota a las flotas que realizaron paradas biológicas entre 2014 y 2018, ya que las embarcaciones de las demás comunidades autónomas tuvieron la oportunidad de percibir ayudas por este tiempo sin faenar, mientras que los barcos andaluces carecían de apoyo público para ello. Por otro lado, desde la Consejería no se comprende que el Gobierno central no tenga en cuenta las paradas definitivas de numerosos arrastreros andaluces que desarrollaban su actividad en el Mediterráneo y que ha llevado a esta flota a una reducción de más de la mitad (de 204 a 96 en la actualidad con puertos bases en todo el mediterráneo andaluz).
Además, la Junta discrepa de la teoría planteada desde el Ministerio consistente en que la alternativa a la imposición del modelo marcado por la orden sería la pesca olímpica; es decir, una actividad sin reglas que ordenen la forma de proceder de los profesionales del mar. Por el contrario, Andalucía defiende que el sector ha demostrado “madurez y responsabilidad en el pasado” y, por tanto, no merece esa desconfianza por parte de las autoridad nacional.
Más apoyo al sector y nuevo cálculo de días de pesca
En su intervención en la videoconferencia, el director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez, ha reiterado la postura defendida anteriormente por Carmen Crespo en relación a esta Orden, que emana de un Reglamento europeo ya de por sí negativo para los profesionales de esta actividad. Martínez ha hecho hincapié en que, si bien la normativa debe ir encaminada a preservar la pesquería como se indica desde la Unión Europea, debe hacerlo de forma compatible con el mantenimiento de una actividad que sea rentable para los profesionales que la desarrollan. Para ello, es preciso que existan medidas de acompañamiento que amortigüen el impacto de las restricciones impuestas y eviten que se produzcan más desguaces de barcos de esta flota mediterránea.
El representante de la Consejería ha lamentado que no se haya considerado ninguna de las propuestas realizadas desde Andalucía en relación a la Orden y ha solicitado al Gobierno central que tenga en cuenta las implicaciones sociales de una actividad que desempeñan empresas y trabajadores que, a día de hoy, no cuentan con las garantías necesarias para enfrentar con seguridad la compleja situación económica tras el estado de alarma por Covid-19.
Asimismo, ya que la Orden ministerial se va a modificar para corregir los errores detectados en el cálculo del esfuerzo pesquero en la gamba roja, desde la Junta se solicita también la revisión del Reglamento y un nuevo cálculo global de los días de pesca. El director general ha recalcado que, a pesar de que el Mediterráneo es un mar compartido por diversos países, este Reglamento solo vincula a tres (Francia, Italia y España) y que, para mayor injusticia, la única flota que experimenta un perjuicio destacable es la española.
