Aprobada la resolución del contrato de eliminación de escombros y restos de obras, concedido a Aproindo

Tras el dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, PP e IU votaron a favor de la propuesta de resolución del expediente de revisión de oficio del contrato de eliminación de escombros y restos de obras en el pleno de julio celebrado en la tarde del lunes. Concretamente, dos modificaciones a la concesión de la planta de reciclaje de escombros a Aproindo, llevadas a cabo en 2003 y 2007, durante el gobierno socialista de Francisco Bella. Ahora se volverá al contrato inicial de 240.000 euros en quince años. La propuesta salió adelante gracias a la abstención de los tres concejales del PSOE que se incorporaron al Grupo Socialista en el pasado pleno de junio, y pese al voto negativo del resto de su Grupo Municipal.
Al inicio del punto, el alcalde de la localidad, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), acató la decisión de la mayoría socialista más el no adscrito de ausentarse del debate y votación. La empresa Aproindo lo tenía recusado por estar imputado en el Juzgado de La Palma, precisamente, por no admitir una recusación anterior contra la edil de IU, María Isabel Bejerano. Algo que la entidad privada considera “una persecución”, mientras que desde las filas populares e IU se contempla como “la defensa de los intereses generales”. Por su parte, el PSOE en palabras de su portavoz José Villa, dijo sostener “los mismos argumentos que la empresa”.
José Joaquín de la Torre (PP) comentó que “ha sido empeño del alcalde que esta cuestión prosperara. Ahora disponemos del dictamen del Consejo Consultivo, que se ha pronunciado en la misma línea que cuando lo hizo con el campo de golf o la gestión de las multas de la empresa Iddiam. Es decir, dándonos la razón y a favor de los ciudadanos de Almonte. Por eso no somos lo mismo. El alcalde va al Juzgado por querer devolver a las arcas municipales el resultado de la ‘chapuza’ que ustedes hicieron, y los responsables socialistas por el dinero que regalaron respondiendo a intereses particulares”.
En la discusión del punto, volvieron a ofrecerse los números del contrato inicial firmado en agosto de 2003 entre Ayuntamiento y Aproindo: 240.000 euros en quince años, y cómo en sucesivas modificaciones aprobadas por urgencia en diferentes Comisiones de Gobierno, la concesión acabó con una previsión de gasto municipal de 15,4 millones de euros hasta 2033. Las mejoras se produjeron en su mayor parte a instancias del empresario, sin informes técnicos que lo avalaran y sin control por parte de la oposición, ya que nunca figuraban en el orden del día. Tampoco se ejecutaron las mejoras incluidas por Aproindo en su oferta inicial.
Por ello, el Consejo Consultivo ha dictaminado que “debió haberse efectuado un nuevo proceso de selección del concesionario”, y no mejorar la oferta inicial solo unos días después de la firma del contrato, con el objetivo de dar a otros las mismas oportunidades. Por su parte, el portavoz de IU Daniel Martínez, puso en relación este modelo de gestión con el punto debatido en un reciente pleno extraordinario, sobre “cuatro proyectos con cargo a los créditos ICO que jamás se ejecutaron, pese a que el dinero llegó en marzo de 2007, pero no sabemos dónde está”, algo que consideró “una nueva estafa a los ciudadanos”.
Por su parte, José Joaquín de la Torre –como alcalde accidental- señaló que “no hablamos del parecer de uno u otro partido político, sino del informe de un funcionario del Ayuntamiento que lleva treinta años en la casa como abogado, y del dictamen del Consejo Consultivo, un órgano independiente de la Junta de Andalucía. Por eso, hoy no vale abstenerse, porque los almonteños nos jugamos pagar injustamente 100 millones de las antiguas pesetas al año, cuando podrían emplearse en inversiones y empleo”.
En ese momento y por deferencia del alcalde accidental, intervino la concejala del PSOE y secretaria general local, Rocío Espinosa, para indicar que su formación “permitía el voto en conciencia”, por lo que estaban dispuestos a abstenerse en cuatro de los cinco apartados del punto, retirándose el tercero, consistente en facultar al alcalde para emprender las acciones derivadas de la decisión, “al encontrarse recusado por el pleno”. Tras un receso de cinco minutos, quedó el punto aprobado por mayoría.