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La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado hoy, en una reunión presidida por la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, los proyectos adjudicatarios de la distribución provincial de los fondos del PFEA, que este año ascienden a 13.327.433,24 euros, con una revalorización de casi el 5% contemplada en los Presupuestos Generales del Estado.
En la reunión de la Comisión Provincial, celebrada en la sede del SEPE en Huelva, y en la que han participado representantes de las administraciones central, autonómica, provincial y local, así como de sindicatos y organizaciones agrarias, se ha dado el visto bueno a los proyectos adjudicatarios del reparto de los fondos destinados a subvencionar en 2019 la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en obras de interés general y social.
De los 50 proyectos presentados por las Corporaciones Locales para ser financiados dentro del Programa Generador de Empleo Estable, la Comisión provincial ha aprobado 40.
Las actuaciones aprobadas, corresponden a los proyectos presentados del Plan de Garantía de Rentas, así como las obras financiadas por el Gobierno a través del Plan Generador de Empleo Estable, las dos ramas del PFEA que otorga ayudas directamente a los municipios, teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos que tienen como objetivo la conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.
Por otro lado, en el Plan Generador de Empleo Estable, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios está vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario, creando jornales en torno a 160.000.
Parralo, ha subrayado «el espíritu de consenso y cooperación existente entre las administraciones implicadas en el desarrollo del PFEA, y la coordinación con los agentes sociales, valorando su utilidad social».
