Por La Fiscalía Provincial de Huelva ha archivado las diligencias de investigación que abrió el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia interpuesta por el PA del Ayuntamiento de Niebla, gobernado por la socialista Laura Pichardo, ante el Ministerio Fiscal en relación a presuntas contrataciones, que a dicho grupo le parecían irregulares; y por la falta de información solicitada por la citada formación política y por otras actuaciones que, según la denuncia, se consideraban ilícitas. En concreto citaba los delitos de prevaricación, de desobediencia y de tráfico de influencias.
Sin embargo, según reza en el escrito judicial de la Fiscalía, el fiscal ha decidido archivar el caso al considerar que los hechos denunciados «no son constitutivos de delito».
En esta denuncia, el portavoz del PA en la localidad, Félix Castillo, exponía que había expedientes de contratación que «se habían llevado a cabo sin cumplir los requisitos exigidos legalmente, pues ni siquiera había procedimientos tramitados, sino únicamente constaban los respectivos contratos laborales y los DNI de los contratados». Del mismo modo, afirmaba que, con ello, el PSOE «habría beneficiado a determinadas personas».
También señaló en la sentencia que «se habían convocado un menor número de plenos ordinarios» que los estipulados, así como «el incumplimiento respecto del canon autonómico en la factura del agua y a la supresión de bonificaciones» y a la actuación de la Alcaldía en relación a la adjudicación de una concesión administrativa del servicio público del turismo y del arrendamiento del Castillo de Niebla de propiedad municipal.
Relata la denuncia igualmente «el incumplimiento» por parte del Ayuntamiento de una sentencia en relación a la inclusión en la plantilla de personal laboral temporal de una plaza de arquitecto y
dos de administrativo, «en el sentido de que debían reservarse esas plazas exclusivamente al personal sujeto al estatuto funcionarial, anulando aquel acuerdo».
No obstante, el fiscal, al comprobar la información relativa requerida al Ayuntamiento de la localidad, ha decidido archivar el caso al considerar que no existe delito en estos hechos, «sino más bien una
diferencia de valoración de una gestión al frente del Ayuntamiento, de la que el denunciante, como concejal, podrá discrepar en el adecuado
ámbito político y de gobierno municipal, pero no acudir a la vía penal».
De igual modo, le insta a «no utilizar las instituciones judiciales para una finalidad que no encaja en la labor de éstas, pues mas parecía un intento de control judicial de la actividad municipal y de su gestión económica que, evidentemente, no corresponde al Ministerio Fiscal».
Aún así, asegura el fiscal, «se ha dado cumplida y quizás, excesiva atención y tramitación a la denuncia y a sus sucesivas ampliaciones», llegando a la conclusión de que los hechos denunciados «no son constitutivos de delito y nunca deberían haber llegado a la Fiscalía, por más que pueda ser acertada o no la gestión llevada a cabo por la alcaldesa denunciada pero dentro del ámbito político y municipal en el que tiene su más adecuada cabida el control que de esa actividad se ha de hacer legítimamente».
