La declaración por parte del Gobierno de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para el área perjudicada (1.700 hectáreas) por el incendio iniciado en Bonares el pasado 25 de julio ha sido acogida de forma muy positiva por Asaja-Huelva. Sin embargo, y trasladando de este modo el sentir de decenas de asociados, no entiende por qué el Ejecutivo no tuvo la misma consideración para otros incendios acaecidos en la provincia en los últimos años, especialmente los de Berrocal (2004), Doñana (2017) y Almonaster (2020) en los que resultaron afectadas alrededor de 56.600 hectáreas.
De ellos, el más grave –no sólo de los mencionados, sino de los acaecidos en Andalucía en 25 años-, fue el de Berrocal, que afectó a 34.300 hectáreas de varias localidades de Huelva y Sevilla de las que tuvieron que ser evacuadas 2.000 personas y en el que perdió la vida un matrimonio de la provincia vecina. Los municipios damnificados vieron cómo se esfumaba su patrimonio natural y su sustento y, todavía hoy, tal y como ocurre en el territorio afectado por el de Almonaster en 2020 –con 12.000 hectáreas quemadas-, luchan por recuperar su entorno y su medio de vida.
“Insistimos en nuestra satisfacción porque la zona de Bonares, Rociana y Almonte afectada por el incendio de este verano y los damnificados por el mismo puedan ser beneficiarios de esta herramienta que antes conocíamos como `declaración de zona catastrófica´, pero es lógico que quienes han sufrido las consecuencias de grandes desastres forestales previos se pregunten por qué no se tuvo la misma consideración hacia sus municipios y cuál es el criterio del Gobierno a la hora de otorgar esta figura” que permite acceder a ayudas destinadas al restablecimiento de la normalidad de la zona afectada, explica el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz.
Cabe recordar que las ayudas pueden concederse a quienes hayan sufrido daños en sus viviendas, producciones agrícolas, ganaderas y por supuesto, forestales, por lo que Asaja insiste en la necesidad de cuantificar exhaustivamente las pérdidas en el patrimonio forestal además de los daños materiales en infraestructuras e inmuebles, porque es precisamente el entorno forestal el que alberga y posibilita una gran cantidad de aprovechamientos en las zonas rurales, desde la ganadería a la apicultura, pasando por la extracción de madera, corcho, setas, piñones y un largo etcétera.