La futura Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado da un paso más hacia su aprobación tras superar en el Parlamento su primer debate. La nueva norma, que ha sido defendida por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, pretende reforzar la figura del docente como pilar esencial del sistema educativo andaluz. Así, Imbroda ha asegurado que el profesorado “es sagrado y un elemento clave sobre el que estructurar la necesaria transformación de la educación en Andalucía”.
El consejero ha informado de que el proyecto de ley tiene como finalidad procurar un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación del alumnado.
En este sentido, Imbroda ha señalado que lamentablemente en estos tiempos el docente ha pasado de ser una figura incuestionable a un contexto de desprestigio y permanente custionamiento de cada una de sus decisiones, poniendo así en tela de juicio su autoridad y profesionalidad.
Igualmente, el titular de Educación y Deporte ha señalado los contenidos esenciales de la ley como son la presunción de veracidad tanto para docentes como para directores y demás miembros de los órganos de gobierno de los centros, el derecho a la asistencia jurídica o el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias.
El texto también recoge fomentar la seguridad y una mayor valoración social de la labor del profesorado con el desarrollo de protocolos de actuación que permitan articular la asistencia y apoyo al docente, así como el compromiso de poner en marcha políticas y campañas que pongan en valor la función docente.
La futura ley establece que su ámbito de aplicación se extenderá también al conjunto de actuaciones fuera del horario lectivo que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado, y que requieran la presencia de profesores. También comprende cualquiera que fuera el momento y el lugar en el que se produjeran los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado con inclusión del ciberacoso y actos de naturaleza similar siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.
Asimismo, la nueva norma fija la protección jurídica del docente con rango de Ley, ya que se establece no solo el derecho a la asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente público sino que se desarrolla garantizando por la Ley la representación y defensa en juicio en cualquier órgano y jurisdicción.
Durante su intervención, el consejero ha subrayado la importancia de implementar medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función docente para que puedan desarrollar su labor con las máximas garantías
Casi 34.000 conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, entre agresiones, insultos y humillaciones a docentes se producen cada año en los centros públicos andaluces, según ha informado el consejero de Educación y Deporte con datos recogidos del sistema Séneca.
Durante su intervención en el Pleno, Imbroda ha asegurado que “no quiere ser alarmista” pero sería hipócrita si se niega que las agresiones a docentes han crecido de manera significativa en la última década. Así, en el curso 2018/19 se registraron más de 12.600 agresiones físicas a miembros de la comunidad educativa, 2.000 más que en el 2016/17. Además, del total de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que incluyen también injurias, vejaciones y humillaciones o amenazas y coacciones llegaron a las 33.745, un 10% más que hace dos cursos.
Este dato, ha explicado el consejero, implica que como promedio más de un 30% de los docentes en los centros públicos sufre cada año una agresión de algún tipo que atenta contra su labor y su bienestar. En este sentido, ha afirmado que “como sociedad nos debe hacer reflexionar mucho y, por eso, este Gobierno trae esta iniciativa”.