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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha subrayado hoy en Bruselas la necesidad de que la Unión Europa centre sus objetivos en proteger a agricultores, ganaderos y pescadores para ayudar al sector primario a superar la situación excepcional que atraviesa. La representante del Gobierno andaluz está completando en la jornada de hoy una amplía agenda de reuniones con altos representantes europeos.
Durante la primera cita, mantenida con el director general de Agricultura de la Comisión Europea, Wolfgang Burtscher, la titular del ramo ha planteado que “se flexibilicen los requisitos y se exima a los agricultores de que el 25% de sus ingresos proceda del campo” para que no peligre el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común en 2023. El agravamiento de las dificultades productivas como consecuencia del incremento de los costes, sobre todo de la energía como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, incrementada por la sequía que padece la región pueden provocar que el año que viene el agricultor activo andaluz, en muchos casos, no alcance el umbral mínimo para optar a las subvenciones europeas.
Crespo ha agradecido al director general de la UE las medidas que estos días se están adoptando y que Andalucía venía reclamando con insistencia desde hace tiempo debido a las continuadas dificultades padecidas por el sector agrario. Entre ellas, ha destacado la aplicación de los mecanismos de intervención de mercados de la PAC, en concreto la reserva de crisis que para España supone un montante de 64,5 millones de euros. Precisamente, el Ministerio de Agricultura ha convocado un Consejo Consultivo tanto de Agricultura como de Pesca el próximo 31 de marzo. “Estas medidas se tienen que implementar con urgencia”, ha reclamado la consejera.
Durante la reunión con el director general de Agricultura, Wolfgang Burtscher, Crespo ha asegurado que es “el momento idóneo para replantear la situación y garantizar la soberanía alimentaria”. En este sentido, ha agradecido la decisión de permitir que se cultive la superficie que se encuentra en barbecho por normativa de la UE. “En Andalucía, tenemos el 20% en barbecho; ahora podemos producir girasol o cereales para nuestros ganaderos, fundamentalmente”, ha añadido.
La aplicación de la estrategia de la Granja a la Mesa va a restar un 10% de posibilidades al campo andaluz, de ahí que la consejera haya explicado que “necesitamos que se aplace” para no empeorar la situación. “Los agricultores andaluces son los primeros en utilizar prácticas medioambientales. No olvidemos que Andalucía es la primera comunidad en agricultura ecológica con un 29,7% de superficie. Pero necesitan tiempo y dinero en estos momentos dificultosos”, ha agregado.
Crespo también expondrá esta tarde al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, la necesidad de que “se incrementen los máximos impuestos a las ayudas de mínimis para la actividad pesquera con el objetivo de equipararlos a los de otros sectores”. Igualmente, ha valorado la decisión de poner en marcha mecanismos de crisis para nuestros pescadores, que están amarrados a puerto ante la subida del precio del gasóleo, apuntando la importancia de que las ayudas se materialicen lo antes posible.
Plan ‘Doñana futuro’
Respecto al área medioambiental, Carmen Crespo ha subrayado que “en el Gobierno de Andalucía tenemos muy claro que lo que hay que hacer es preservar Doñana por encima de todo, con lealtad institucional y diálogo, sin plantear cuestiones falsas”. La consejera ha adelantado que están trabajando en la puesta en marcha del ‘Plan Doñana futuro’, una estrategia que quieren compartir con el Gobierno de España, cada uno en sus respectivas competencias, con medidas que se avanzarán este verano a la propia Comisión Europea. “El objetivo es acometer actuaciones que supongan mejorar la biodiversidad del espacio natural, en línea con las iniciativas que ya se están ejecutando”, ha señalado.
La consejera ha valorado todas las actuaciones que está poniendo en marcha la Consejería para su preservación y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo por parte del Gobierno de Andalucía.
Carmen Crespo ha detallado acciones como la puesta en marcha de un grupo de trabajo científico-técnico para establecer las relaciones de Doñana entre la hidrología y la ecología, la restauración del incendio de Las Peñuelas, con una inversión de 17 millones de euros; un proyecto de mejora del hábitat con una movilización de 6,6 millones de euros o sufragar el 50 por ciento del coste de las depuradoras de Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda y Guillena y Burguillos (40 millones de euros), todas ellas en la zona y del Estado. “Vamos a transmitir una noticia muy positiva al comisario, porque Andalucía ya ha puesto en marcha las 108 depuradoras que eran motivo de sanción a causa de los incumplimiento del anterior Gobierno de Andalucía”, ha señalado Crespo, quien ha resaltado que la Junta ha movilizado 648 millones de euros en depuración y saneamiento.
Respecto a la Directiva Marco de Aguas, que forma parte de la sentencia, Crespo ha recordado que “el diseño de estas medidas corresponde al Estado, que es quien tiene las competencias de la cuenca del Guadalquivir”, a la par que ha vuelto a demandar al Gobierno la puesta en marcha del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos del Tinto, Odiel y Piedras para aprovechar el agua en superficie.
En cuanto al próximo debate en el Parlamento de Andalucía sobre el regadío en la Corona Norte de Doñana, Crespo ha remarcado que “se trata de una iniciativa que no está aprobada aún, que puede sufrir muchas modificaciones en su tramitación, a la que solo se opone un partido y que, al no estar en el ámbito de nuestras competencias, no otorga concesiones de agua”.
