La Junta de Andalucía ha cerrado en menos de un mes un segundo comedor escolar en la localidad de Cartaya, el de la ‘Virgen del Carmen’ del núcleo de El Rompido, que al igual que el del ‘Castillo de los Zúñiga’ presenta deficiencias en el servicio.
El cierre del primer centro se produjo a finales de noviembre “de forma preventiva y cautelar por una semana” tras constatarse incidencias relacionadas con el transporte, la temperatura, la calidad y la adecuación de los alimentos.
Apenas un mes después, el otro centro escolar ha visto hoy clausurado el servicio por decisión de la Inspección de Sanidad, lo que ha afectado a unos 80 menores, por ello el alcalde de la localidad, Juan Miguel Polo (Independiente), a través de un comunicado, ha pedido a la Junta “una solución urgente”.
“Lo más grave” es que “según nos trasladan las propias profesionales que se encargan del servicio en ambos centros, y los padres y madres, se están produciendo graves e innumerables irregularidades desde hace meses en el servicio de comedor, puesto que la empresa a la que la Junta se lo adjudicó en su día, no estaría cumpliendo las condiciones de dicha adjudicación”, ha dicho.
Estos incumplimientos, “según nos trasladan, afectan principalmente al servicio, e irían desde la falta de comida, hasta la no elaboración adecuada de la misma, con alimentos que no cumplen la temperatura exigida”.
A ello hay que unirle el hecho de que la preparación en origen y la distribución de la comida debería realizarse dos veces por semana para garantizar una correcta conservación de la misma, y en cambio “la comida de toda la semana llega en una sola ocasión”.
El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta que active un protocolo de emergencia y ponga en marcha una alternativa provisional para ir cubriendo el derecho de los menores y sus familias, a contar con este servicio esencial, sobre todo teniendo en cuenta que la situación afecta también a un colectivo de niños acogidos a un programa con el que se atiende a familias en riesgo de exclusión social, y es “una comida muy importante para este colectivo”.
“Para más inri, – aseguró la concejala de Educación, Isabel Orta-, las irregularidades afectan también a las condiciones laborales de las profesionales que prestan el servicio, que denuncian la falta del material adecuado para ello, así como el impago de las nóminas o el incumplimiento de otras condiciones laborales”.
Para la responsable educativa municipal, “la situación de los comedores es completamente insostenible y me parece una irresponsabilidad por parte de la Junta que no se le haya dado ya una solución definitiva a pesar de los requerimientos del Ayuntamiento”.