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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) para analizar cuestiones que afectan al sector y la situación actual de éste y en especial sobre todo lo relacionado con los elevados costes de producción y nueva Política Agraria Común (PAC) y el Plan Estratégico Nacional. Todos han coincidido en señalar la “necesidad urgente” de la aplicación, por parte del Estado, de la doble tarifa eléctrica para el regadío, que supondría un ahorro en la factura para el regante de un 20%.
La consejera de Agricultura ha resaltado, además, que “en Andalucía se está trabajando y el sector se está preparando para la entrada en vigor de la PAC para el período 2023-2027” en tanto se procede al desarrollo normativo estatal para su aplicación. En este contexto, la mesa ha coincidido en la pertinencia de que haya una mayor flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC ya que el retraso legislativo y la situación de incertidumbre provocada por el conflicto de Ucrania, que pone en riesgo la seguridad alimentaria europea y mundial, requiere mayor seguridad jurídica y garantías para agricultores y ganaderos en el desempeño de su actividad.
La consejera ha reiterado que “no podemos convertir la nueva PAC, y en concreto las prácticas medioambientales, en un coste de producción adicional y un obstáculo más”. Crespo ha destacado que “por nuestra parte hemos flexibilizado hasta el máximo que se nos permite, pero ahora le toca al Gobierno de España que haga lo posible para conseguir esa máxima flexibilidad”. El Gobierno Andaluz ha sido el primero en realizar esta petición al entender que “el sector lo necesita y de esta forma se podría dar una moratoria necesaria para la entrada en vigor de los ecorregímenes” ha dicho Carmen Crespo, quien entiende que con más tiempo para la adaptación de estos se evitarían unos gastos que coindicen con un “momento muy difícil por la situación que viene generando la inflación, con la pérdida de rentabilidad que ello supone, a lo que se le une también las consecuencias de la sequía”.
La Consejería de Agricultura ha venido apuntando que varias regiones productivas andaluzas salen perjudicadas y que, en el caso del olivar andaluz, se perderá alrededor de 79 millones de euros en el período de aplicación de la nueva PAC (2023-2027), lo que contrasta con la buena ejecución que este sector ha venido haciendo históricamente con los fondos europeos. Desde la Junta de Andalucía se ha venido defendiendo el carácter ambiental y social del olivar y su contribución a la conservación del medio ambiente, así como su aportación al desarrollo rural.
Por ello, las alegaciones que presentó Andalucía y que trabajó con todas las organizaciones, pasaban por la designación del olivar como un ecorregimen “per se”. De esta forma, los olivareros, especialmente aquellos con fincas en terrenos con más dificultades, no tendrían que llevar a cabo nuevas prácticas medioambientales, sino que cumplirían automáticamente con los requisitos de la nueva PAC.
Medida 22 y sequía
En otro orden de cosas, la consejera ha informado sobre cuestiones de máxima actualidad como son los presupuestos de su departamento para 2023 del que ha defendido especialmente su carácter municipalista ya que el 72% del mismo está provincializado, así como la importante inversión que se contempla y que se destina a política agraria, pesquera, hídrica y de desarrollo rural.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha informado en la Mesa de Interlocución de la aprobación en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana de las ayudas correspondientes a la Medida 22, que beneficiarán a los sectores productivos especialmente afectados por la guerra en Ucrania. El montante total alcanza los 36,8 millones de euros, a los que se sumarán próximamente las ayudas de mínimis para el sector ganadero.
Entre los principales hitos de este esfuerzo económico de la Junta en el campo y la pesca de Andalucía, se encuentra la inversión para hacer frente a la situación de sequía. En este sentido ha querido recordar los decretos de sequía aprobados por la Junta, por un montante total de 141 millones de euros. Estos están permitiendo avanzar en la puesta en marcha de aguas regeneradas y, por ende, generando oportunidades hídricas para los regantes. Al tiempo ha indicado que “en cada Consejo de Gobierno va alguna obra”. En la Mesa de Interlocución se ha puesto en valor la ejecución de obras hidráulicas, con aprobación de nuevas en cada Consejo de Gobierno, y la importancia de que el Estado también lleve a cabo actuaciones en las cuencas que son de su competencia (Guadalquivir, Guadiana y Segura). En este caso, Crespo ha solicitado al Gobierno de España, que es el “competente en el 67% del territorio andaluz, que amplíe el Decreto de Sequía o apruebe uno nuevo para sus demarcaciones ya que están en una situación muy complicada”.
