La reunión con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha sido una oportunidad para trasladar a la Comisión Europea una radiografía exacta del esfuerzo inversor que está haciendo la Junta de Andalucía para cumplir la sentencia en materia de aguas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un esfuerzo que tiene su reflejo en la puesta en marcha de 108 depuradoras incluidas en el procedimiento sancionador de Bruselas y que conllevan una inversión de 650 millones de euros.
Además, Carmen Crespo ha destacado la colaboración con el Gobierno de España a través de la cofinanciación de las depuradoras de Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda, Guillena y Burguillos para evitar los vertidos de aguas residuales en el entorno del parque de Doñana. Esto supone una inversión de 40 millones de euros.
En este sentido, la consejera ha incidido en que el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, aprobado por ley en 2018, garantizaría la salud hídrica de Doñana al permitir la sustitución de aguas subterráneas por superficiales. Una transferencia que debe poner en marcha el Gobierno de España y que, sin embargo, casi cuatro años después sigue en dique seco.
La reunión con el comisario también ha sido una oportunidad para explicar las actuaciones, los trabajos y el esfuerzo inversor de la Junta en esta legislatura para avanzar en la conservación y protección del parque. Un compromiso con Doñana que tiene su reflejo en inversiones como los 17 millones de euros en trabajos de restauración ambiental tras el incendio de 2017 y en los 6,6 millones destinados a la mejoras de hábitats de la reserva.
Crespo ha incidido en la lealtad entre administraciones como eje principal del ‘Plan Doñana Futuro’ para mejorar la biodiversidad de Doñana. Se trata de una estrategia a compartir con el Gobierno de España, cada uno en sus respectivas competencias. Un proyecto en el que se está trabajando por parte de la Junta de Andalucía con el objetivo de presentar en junio un avance a la propia Comisión Europea.