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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha defendido hoy en el Parlamento la aprobación del Decreto-Ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía en las demarcaciones intracomunitarias de Andalucía porque “otorgará certidumbre y liquidez al sector agrario y pesquero para hacer frente a una situación límite”.
Crespo ha indicado que se trata de un decreto “sin precedentes” y de suma importancia para el futuro. La Junta de Andalucía moviliza 141,5 millones de euros para ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores, “que lo están pasando mal” no solo por la falta de precipitaciones, sino por el alza de los costes de producción y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
Los embalses de las cuencas intracomunitarias, que representan el 33% de Andalucía, están al 44,18% de su capacidad pero repartido de forma desigual. Las últimas lluvias han supuesto un alivio al permitir recoger 225 hm³ (+5,7%), pero no solventan la situación. “La Comunidad autónoma no puede desaprovechar ni una gota de agua”, de ahí que el decreto destine 125 millones de euros a ejecución de infraestructuras “con las que vamos a ampliar hasta en 120 hm³ los recursos hídricos adicionales” entre aguas regeneradas, desaladas y subterráneas en las zonas más afectadas por la sequía. El objetivo es aminorar un problema que “en estos momentos está lastrando las posibilidades económicas, de empleo y de futuro de Andalucía”.
“Apostamos por los terciarios en las provincias de Almería, Málaga, Granada y Cádiz”, ha agregado Crespo. La depuradora del Peñón del Cuervo, en la Axarquía; las de La Línea o Algeciras, en el Campo de Gibraltar; varios bastidores que darán posibilidades de agua desalada en la Costa del Sol Occidental; o las EDAR del Poniente almeriense y la obra de conexión de la Venta del Pobre a Tabernas son algunas actuaciones incluidas ahora.
A esta inversión, que se empezarían a ejecutar desde el próximo mes de mayo, se suman 18 millones de euros aprobados en el decreto inicial de sequía aprobado en junio de 2021 y cuyas obras están ya finalizándose en su mayoría. “Estamos destinando, por tanto, 143 millones de euros obras hidráulicas en las cuencas de nuestra competencia, mientras que el Gobierno de España, responsable de la gestión del Guadalquivir, solo dedica 9,6 millones de euros para el restante 67% del territorio de Andalucía”.
Es por ello que la consejera ha recordado que el Estado tiene en sus manos reprogramar el Next Generation y ampliar la dotación actual de 1.400 millones de euros para todo el país, cifra inferior a la movilizada por el Gobierno andaluz esta legislatura. “Se están utilizando muy pocos fondos europeos para solventar uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país y para ayudar a Andalucía, una comunidad del sur del sur y de las más afectadas por el cambio climático en Europa”, ha añadido durante su exposición en la Cámara andaluza.
Apoyo al sector primario
De forma adicional, el decreto incluye bonificaciones y exenciones de tasas a agricultores y pescadores. Así, los regantes que tienen reducida su dotación de agua en más de un 50% le eximimos del canon y de la tarifa al 100%. Y para la ganadería, el sector más afectado por esta crisis y por los efectos de la guerra de Ucrania, se aprueba una convocatoria de ayudas para la construcción de abrevaderos y balsas.
Para el sector de la pesca, las bonificaciones afectan a todas las actividades de los puertos pesqueros, y no solo para el pescado fresco como hace el Gobierno de España. Además, “adelantamos todos los recursos que tenemos a disposición y que puedan cobrar las ayudas lo antes posible, porque nuestros pescadores están en una situación desesperada”, ha añadido. El decreto plantea también la estructura de las ayudas de mínimis tanto de agricultores y ganaderos como de pescadores.
Además, el decreto incluye la bonificación hasta el 31 de diciembre del 30% de la cuota por expedición de licencia de caza en Andalucía para residentes en la comunidad que no están federadas. Un acuerdo que se suma a la bonificación del 50% para cazadores federados, que en el caso de los menores de 18 años alcanza el 80%.
