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La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha celebrado que la Consejería naranja de Justicia, que dirige el coordinador andaluz del partido liberal y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, haya creado un protocolo de actuación ante posibles agresiones para los funcionarios de Justicia. “La Consejería se anticipa y crea un protocolo pionero en España para que nuestros funcionarios se sientan protegidos y respaldados por la administración”, ha valorado Ponce.
La portavoz de la formación naranja ha destacado que este protocolo “pretende cubrir y adelantarse a los conflictos en los que pueden verse inmerso el personal funcionario de Justicia en las relaciones establecidas con la ciudadanía que acude a los diferentes órganos judiciales, y prevé una serie de actuaciones a seguir en materia de prevención, resolución y seguimiento de estas situaciones de violencia”.
Ponce ha valorado especialmente las medidas de carácter general que prevé el protocolo para prevenir la violencia extrema, porque, ha subrayado, “lo mejor es evitar que tengamos que lamentar una agresión”. Así, se ha referido a “evitar aislamiento, físico y horario; disponer mobiliario adecuado al nivel de riesgo; zonas de espera apropiadas y confortables para el público; asegurar una adecuada gestión de colas y de esperas; monitorizar las entradas, salidas y zonas de mayor riesgo; disponer una información clara a los usuarios sobre derechos, obligaciones, horarios, consecuencias de los actos agresivos, y desarrollar un plan de formación específico para el personal sobre el manejo de situaciones conflictivas, entre otras medidas”.
Si bien, ha detallado la coordinadora de Cs, “el protocolo también comprende una serie de pautas o actuaciones generales a seguir por el personal funcionario ante una agresión ya sea verbal, gestual o física directa, tanto durante el momento en el que se produce, como una vez haya tenido lugar, porque no queremos dejar nada a la improvisación, para que el funcionario sepa cómo actuar, defenderse y protegerse en todo momento”.
Finalmente, Ponce ha añadido que, junto a este protocolo, la Consejería de Justicia ha actualizado el convenio firmado con el Ministerio del Interior destinando 15,8 millones de euros a la retribución de los efectivos de la Guardia Civil que se encargan de la protección de las sedes judiciales en la provincia de Huelva y el conjunto de Andalucía, de forma que “los efectivos adscritos a este servicio de protección vean automáticamente actualizadas sus condiciones y los usuarios y el personal de Justicia se puedan seguir sintiendo protegidos”.
