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“Ciudadanos respalda firmemente a los agricultores de Huelva y exige a Sánchez que aparte la mirada del ala más radical de su Gobierno del campo onubense”. Con estas palabras, el portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha mostrado el apoyo sin fisuras de la formación naranja a los agricultores de la provincia y reclama al Gobierno “una rectificación de las gravísimas declaraciones” emitidas por la dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que explicaban que entre los objetivos de sus actuaciones inspectora se encuentra “la detección de casos de explotación laboral” y de “trata de seres humanos” para la “imposición de trabajos o servicios forzados”, la “esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre”.
En este sentido, Díaz ha recordado que la diputada nacional de Cs por Cádiz y portavoz en la comisión de agricultura, María del Carmen Martínez, ha registrado una pregunta en el Congreso en la que pide al Gobierno, además, que aclare “si estas consideraciones responden a que han detectado y comprobado que los trabajadores tienen magulladuras, si están encerrados en su lugar de trabajo, tienen alambradas para no poder salir, si tienen guardianes o les profieren amenazas para que así sea”. El portavoz provincial de la formación naranja ha incidido en que estas declaraciones son “irresponsables” y “afectan gravemente la imagen de un sector que depende de un mercado internacional muy sensible” y, ha añadido “es gravísimo que esto se asuma y traslade a documentos oficiales por parte de lo más radical del Gobierno de Pedro Sánchez”, con “la anuencia y el silencio cómplice del resto del Gobierno y del PSOE de Huelva ante un ataque sin precedentes hacia el campo onubense”.
El parlamentario onubense ha mostrado su “preocupación” y sus “dudas” sobre la mirada de Podemos hacia la agricultura onubense y, concretamente, a la actividad agrícola ligada al fruto rojo y a la necesidad de que se ejecute el trasvase del Condado y el desdoblamiento del túnel de San Silvestre. “Nos tememos que, ante el silencio cómplice de Sánchez y del PSOE de Huelva, no hay absolutamente ninguna intención de nutrir de recursos hídricos en superficie a la agricultura de Huelva, que los necesita para seguir creando dinamismo socioeconómico y empleo en la provincia; un sector emergente, estratégico, que es perfectamente compatible como actividad económica con la preservación de Doñana”, ha subrayado Díaz.
Asimismo, la diputada provincial de Cs, María Ponce, ha insistido en que “la agricultura es un pilar fundamental en la economía de Huelva, al que hay que cuidar desde la responsabilidad y el compromiso”, no en vano la provincia es líder en Europa en producción de frutos rojos, cuyas exportaciones el año pasado alcanzaron las 348.000 Tm, y generaron 102.000 empleos directos, “sostenidos por miles de autónomos y cooperativistas que se la juegan cada día, en medio de una crisis sanitaria con su ilusión intacta, pero su patrimonio en vilo, para alimentarnos”. Ponce ha defendido “las buenas prácticas de los empresarios, preocupados por garantizar unas buenas condiciones a los trabajadores y, en particular, a las temporeras que conforman el contingente procedente de Marruecos, como demuestran iniciativas como el Prelsi” (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social) de Interfresa.
La portavoz naranja en la Diputación de Huelva ha señalado, además, que agricultores onubenses “sufren otras dificultades añadidas a las sobrevenidas con esta crisis sanitaria, como la crisis de bajos precios y altos costes de producción, nuevos aranceles o el Brexit”, en la que, sin embargo, “han sabido estar a la altura, dándolo todo para abastecernos e incluso siendo solidarios”. Ponce ha defendido que el sector “necesita una administración amiga que les ayude, que les quite obstáculos y no lo criminalice ni dañe por prejuicios o dogmas ideológicos que nada tienen que ver con la realidad de lo que sucede en las explotaciones onubenses”, a través de campaña de apoyo o suministrando liquidez, como ha hecho la Junta de Andalucía que, “incluso, ha puesto la mirada de la Inspección para ayudar al sector, luchando contra el fraude en el etiquetado, y no para criminalizarlo o perseguirlo, como está haciendo el Ministerio de Podemos”.
