Por 
N. Acedo
«Desde hace años, tanto las organizaciones agrarias como los propios agricultores a nivel particular de la provincia de Huelva vienen alertando del grave perjuicio que están sufriendo como consecuencia de los robos que se producen en sus explotaciones agrarias«. Es un párrafo desligado de la proposición no de ley (PNL) armada por la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Teresa Pardo, en cuya exposición de motivos se añade que los robos «no sólo se producen en horario nocturno» sino que, «con total impunidad», se llevan a cabo «incluso a plena luz del día, aprovechando el escaso número de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinado a estas zonas».
Se trata de un dibujo de situación que, según recoge Pardo, «plantea problemas de seguridad» porque los agricultores «llegan hasta a patrullar en defensa de la seguridad de sus campos y podría darse un encuentro entre los ladrones con los propietarios de las plantaciones con un resultado grave». Y no se queda ahí. La portavoz de la formación naranja engarza en ese punto la existencia de «un perjuicio grave» también para los consumidores «que compren productos agrarios mediante venta ambulante ilegal sin los debidos controles que garanticen la seguridad alimentaria».
Pardo recuerda que la venta de productos agrícolas de forma irregular «imposibilita la trazabilidad de los mismos», lo que puede conllevar un «perjuicio para la salud pública».
En la PNL, publicada en el número 716 del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) y consultada por Huelva Hoy, se matiza que lo descrito no significa que «no se esté haciendo nada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Al contrario -cose la diputada andaluza en el texto-, la actuación de la Guardia Civil y de la Policía evita que se produzcan mayores daños». Si bien, los efectivos operativos «se quedan cortos para la necesidad existente, dada la problemática actual», avisa.
A juicio de Cs, «resulta necesaria una mayor dotación en cuanto a recursos humanos y medios materiales del equipo ROCA de la Guardia Civil, que fue creado en el año 2013 para combatir el robo agrario». La portavoz parlamentaria del partido naranja anota, en ese sentido, que trabajan contra «bandas organizadas», lo que implica que deberían contar con «dotación suficiente» para poder evitar «robos de maquinaria agrícola, ganado, cosechas, etc».
Desde ese convencimiento, plantea que la Cámara autonómica muestre «su parecer favorable para que el Gobierno de España incremente los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las zonas rurales de la provincia de Huelva» y, de forma singular, «en aquellos municipios donde radica una pujante actividad agrícola».
A lo anterior añade que el Parlamento regional inste al Consejo de Gobierno de la Junta a «establecer las medidas necesarias para prevenir la venta ilegal de frutos robados en las plantaciones agrícolas, en el seno de la comisión de coordinación de Policías Locales». De momento, la proposición no de ley ligada a la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Cámara, ha sido calificada de forma favorable y admitida a trámite.
