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La Policía Nacional de Huelva ha detenido al empresario M. M B., como autor intelectual de un delito de estafa, falsedad documental y apropiación indebida cometidos en un establecimiento de compraventa de vehículos, junto con otras tres personas más.
En concreto, los vehículos eran entregados en depósito por particulares u otros comerciales al ahora detenido para la exposición, promoción y venta en su establecimiento. Los vehículos eran vendidos a otros particulares de buena fe a los que se le entregaba documentación provisional con el argumento de la demora en los trámites.
Por otro lado, a los afectados se les daban excusas para no liquidar el pago procedente de la venta de su vehículo. Dinero del que se apropiaban.
Los particulares, tras la sucesión de evasivas dadas por el ahora detenido, terminaban descubriendo la situación de su vehículo bien por gestiones en la Jefatura de Tráfico, consultas en Internet, multas, etc.
El grupo especializado de la Policía Nacional inició la investigación tras el conocimiento de que tanto el establecimiento como el responsable de la empresa tenían varias denuncias anteriores. La sucesión del elevado número de denuncias en un breve periodo de tiempo y el precipitado cierre del establecimiento llevó a la conclusión de que se trataba de hechos premeditados con el objeto de conseguir la mayor suma de dinero antes del cierre previsto de la actividad.
Para la culminación de la operación ha sido necesaria la finalización de cuatro atestados policiales, llegándose a intervenir cuatro vehículos con la colaboración de diferentes comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, para la coordinación y desenlace de la investigación.
De igual modo, se ha localizado la totalidad de los vehículos denunciados en manos de compradores que aun no poseían la titularidad de los mismos y se han realizado innumerables consultas a la Guardia Civil, Registro Mercantil, Jefaturas Provinciales de Tráfico y diferentes Gestoras.
El total de vehículos denunciados asciende a cuarenta y dos, estimándose la estafa total en unos 350.000 euros. Siete denuncias siguen abiertas para esclarecer las conclusiones de la investigación.
