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La Guardia Civil está realizando controles en distintos puntos de la provincia de Huelva para recordar a los ciudadanos las limitaciones de movilidad recogidas tras la declaración del Estado de Alarma.
En estos primeros días de confinamiento, la Guardia Civil ha advertido y explicado a la ciudadanía cuáles son las restricciones, comprobando caso por caso que los desplazamientos estén dentro de los permitidos.
Aquellos que incumplan las restricciones fijadas por el estado de alarma para hacer frente a la crisis del coronavirus podrán ser sancionados desde una multa de 100 euros a una pena de prisión de un año si se resiste a las autoridades.
El documento remitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado remite a cuatro leyes diferentes para establecer las multas que se aplican en estos casos. Por un lado, la Ley de Seguridad Ciudadana, de donde se recogen de 100 a 600 euros de multa para quienes retiren vallas, encintados y otros elementos fijos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad. Unas multas que pueden ascender hasta los 30.000 euros en caso de desobediencia o resistencia a los agentes.
También será de aplicación la Ley de 2011 sobre salud pública, que fija multas que van desde los 3.001 hasta los 60.000 euros para los que realicen conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población. Unas sanciones que podrían llegar hasta los 600.000 euros si se incumple de forma reiterada las instrucicones de la autoridad.
Aplica también la Ley de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que impone multas de 1.501 euros a 30.000 por el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos de la autoridad, o no colaborar con los servicios de vigilancia y prtección de las empresas públicas o privadas. Unas sanciones que también pueden elevarse hasta los 600.000 euros si suponen una especial peligrosidad.
El artículo 556 del Código Penal señala también que serán castigados con penas de cárcel de entre tres meses y un año aquellos que se resistan o desobedezcan gravemente a los agentes de la autoridad.
Unas sanciones y unas penas que tienen un objetivo final: que nos quedemos en casa para frenar la curva.
