Por Las asociaciones de mariscadores de Nueva Umbría y Ayamonte han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva contra la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta por «dejación de funciones» ante el marisqueo ilegal.
El presidente de la asociación de Nueva Umbría, Antonio Márquez, ha precisado que la denuncia se interpuso ayer y que viene respaldada por todo el sector que está viendo como su actividad «prácticamente no tiene rentabilidad» por la «falta de control» de las administraciones ante el marisque ilegal en la costa.
Ellos pagan, ha indicado, alrededor de 180 euros mensuales por poder ejercer su actividad, tienen que acatar los «continuos» cierres de caladero impuestos por la Junta de Andalucía por presencia de toxinas, y, sin embargo, «a diario, sólo en la zona de Isla Canela, hay más de 20 embarcaciones y 200 mariscadores a pie sin licencia capturando coquina y, aun sabiéndolo no hacen nada».
Márquez ha precisado que cada vez que se reúnen con los representantes de la Junta les muestran el número de denuncias interpuestas por marisqueo ilegal pero eso «no nos vale, nos da igual que denuncien o no si finalmente siguen pescando».
Ha recordado que llevan 11 años reclamando un mayor control y en este tiempo «no han arreglado nada, queremos un puesto de trabajo digno que nos permita sacar adelante a nuestras familias y, frente a ello, lo que vemos son caladeros esquilmados e inacción ante esta práctica por parte de las administraciones».
Por ello han decidido dar este paso y llevar el asunto a los tribunales, para ver si «de una vez por todas» se toman cartas en el asunto: «Si el litoral está preparado para 300 padres de familia, no se puede tener a 1.000 personas y además a embarcaciones que se meten en zonas de reserva impuesta por la Junta o cerradas por toxinas».
El colectivo, según ha avanzado el diario Huelva Información, apenas si está cogiendo un kilo al día, una escasa productividad que se une a los costes de la propia licencia y a los de desplazamiento hasta las zonas de pesca.
Cuatro de las seis zonas de marisqueo del caladero de la provincia de Huelva permanecen cerradas a día de hoy supuestamente por la presentación de la toxina DSP.
