El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido abrir una información reservada tras encontrar nuevas anomalías en la gestión de las listas de espera. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado al Pleno del Parlamento durante una comparecencia a petición propia de que ha detectado más casos de pacientes “guardados en los cajones”, entre ellos 22.230 pacientes a los que el SAS tardó 300 días en inscribir en el registro de demandantes de una intervención quirúrgica una vez que el especialista le prescribió la operación. “La norma dice que el plazo para inscribirlos es de treinta días tras la presentación de la solicitud por parte del paciente, pero estos 22.230 pacientes multiplicaron por diez su espera”, ha declarado el titular de Salud y Familias.
El consejero ha detallado que estos enfermos, a los que el Servicio Andaluz de Salud ha operado durante los primeros meses de 2019, son de distintos procesos quirúrgicos. “Nuestra primera preocupación es que fueran atendidos. En 2019, y en Cataratas, la mayoría de estas personas ya no están en la lista de espera, gracias a la realización, por parte de nuestros profesionales, de una buena gestión de cola, que es un procedimiento por el cual se prioriza a los pacientes que más tiempo llevan esperando”, ha señalado Jesús Aguirre.
El afloramiento de esta bolsa de pacientes que durante el pasado año multiplicaron por diez el plazo de inclusión en las listas de espera ha sido posible, tal como ha detallado en el Parlamento el titular de Salud y Familias, gracias “a las instrucciones que les hemos dado a los inspectores médicos de la Consejería para que entren en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la finalidad que miraran los procesos asistenciales, porque con el anterior gobierno, los inspectores médicos de la Consejería no entraban en los hospitales del SAS”. Así, Aguirre ha destacado que “hemos ordenado numerosas inspecciones para saber cómo se gestionaban realmente estas listas de espera, y estas indagaciones tienen una incidencia directa en el aumento de las listas de espera, por lo que no tendría sentido publicar los datos de listas de espera hasta que finalice esta actividad inspectora” y esté pendiente el expediente de información reservada.
Entre las anomalías que los inspectores han podido constatar se encuentran las siguientes, de acuerdo a la intervención del consejero en el Parlamento. “Ha habido agendas cerradas que sólo se abrían el mes anterior, esto es, se encontraban en situación de “no tramitadas”: es decir, se recibe la solicitud del Registro de Demanda Quirúrgica pero no se registra de entrada. Por lo que no se le da trámite y se guardan en un cajón del que luego se irán sacando poco a poco pero sin que figuren en el registro de la AGD (Aplicación para la Gestión de la Demanda)”.
Otra práctica común era que cuando a un paciente le correspondía la intervención se le decía que debía visitarlo de nuevo el especialista. De este modo, no se inscribía en la lista de espera de la intervención. “A otros pacientes se les inscribía en la lista de espera cuando estaba a punto de concluir el plazo de garantía; también hemos constatado casos de reevaluaciones clínicas de pacientes y que no están documentadas en la historia clínica. Por tanto, se desconoce por qué se realizaron”, ha añadido Jesús Aguirre, que ha indicado además que los inspectores han detectado casos “de destrucción de parte de la documentación cuando ya se había intervenido al paciente”.
Las anomalías en la gestión de las listas de espera incluían además la práctica de que “cuando a los pacientes se les asignaba la situación de intervenciones Temporalmente No Programables, es decir, que por diversas causas no se podía realizar la intervención quirúrgica, eran sometidos a una reevaluación clínica por decisión del médico o del paciente no justificadas ni documentados en la historia clínica”. Los inspectores han tenido conocimiento además de documentos que no están firmados por los médicos ni por los pacientes; de que se pasa a la situación de Temporalmente no Programable por llamadas telefónicas de pacientes (sin que quede constancia por escrito); y de que el pase a Temporalmente no Programable se produce en fechas próximas a que se consuma el plazo de garantía reglado para la operación quirúrgica.
Las irregularidades afectaban además a la gestión de las citas con centros concertados. “El SAS ofrecía al paciente que su intervención se realizara en un centro privado el mismo día que se inscribía en la lista de espera y se le daba de baja de la lista de espera al paciente una vez que era derivado al concierto”, ha dicho el consejero.
“Es evidente que este tipo de acciones son inadmisibles en el Servicio Andaluz de Salud y analizadas en su conjunto, no sólo puede atribuirse a una pésima gestión, sino que pensamos que perseguían un objetivo político: reducir las listas de espera en Andalucía”, ha concluido el consejero de Salud y Familias, que ha avanzado que de la información reservada que ha iniciado el SAS “podrían derivarse la apertura de expedientes disciplinarios, es decir, procedimientos administrativos sancionadores para aquellas personas responsables”. “Si de la instrucción y resolución de estos expedientes, se deriva, en su caso, que se ha podido infringir, además de la normativa administrativa, la legislación penal, se comunicará a la Fiscalía y a los órganos jurisdiccionales competentes”, ha recalcado.