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El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto de la formación liberal en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha preguntado a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible “sobre la repercusión que tendrá en el sector pesquero onubense la nueva estrategia puesta en marcha para la inspección pesquera en Andalucía” convencido de que “aportará seguridad al propio sector y garantía a los consumidores”.
Díaz, que ha destacado que esta nueva estrategia se basa en la renovación completa de la flota de embarcaciones y el refuerzo de medios humanos y tecnológicos, ha asegurado que “permitirá disponer de una flota moderna y adatada a las nuevas necesidades para hacer más eficaces las tareas de inspección en el mar, con un alto rendimiento, evitando altos costes de mantenimiento, y más eficientes desde el punto de vista medio ambiental”.
El parlamentario naranja ha detallado que la primera fase de esta renovación, por valor de 1,7 millones de euros, que se cofinanciarán con cargo al actual Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) “va a lanzarse de forma inminente”, mientras que la segunda, que se llevará a cabo paulatinamente, irá a cargo del nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Díaz ha señalado que, de los casi 153 millones de euros de apoyo financiero del Fempa que recibirá Andalucía, “23 millones deben destinarse a promover en el sector pesquero un control y observancia eficiente, incluida la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pero el nuevo marco permite también la financiación de los costes operativos de inspección, lo que facilitará reforzar sustancialmente la plantilla de inspección pesquera y del personal de apoyo, como prevé esta renovación que ha proyectado el Gobierno de Ciudadanos en la Junta”.
El portavoz de Cs ha celebrado que esta nueva estrategia se articulará en torno al Centro Andaluz de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros, ubicado en Cartaya, en el Paraje Agua del Pino, frente a la flecha de la desembocadura del Piedra, “en cuyo establecimiento se está trabajando intensamente, y continuará reforzándose”, con actuaciones conjuntas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para “proteger la viabilidad de los caladeros, la seguridad alimentaria de la ciudadanía y la lealtad de las transacciones comerciales”.
