Por 
El sindicato de la Federación de Servicios Públicos de UGT sacaba hace unos días a la luz que la coordinadora de la Fundación Doñana 21, Mari Carmen Castrillo, cobraba más de 5000 euros al mes. Una retribución que, según el sindicato, percibía por un cargo en funciones.
Al hilo de estas declaraciones, el presidente de la fundación, José Luís Hernández Garijo, ha aclarado que Castrillo está ejerciendo en activo sus funciones. Además, la retribución que le corresponde no es la mencionada anteriormente. En concreto, ha señalado que en 2015 era de poco más de 3000 euros brutos al mes. Cantidad que se ha actualizado este curso de acuerdo al convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Huelva.
Finalmente, Hernández Garijo ha remarcado que la Fundación Doñana 21 desde el momento en que fue adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en julio de 2015 ha puesto en marcha un proceso de redefinición de su objeto y competencias y de las funciones de sus trabajadores. «Este proceso está muy próximo a concluir», según ha dicho, y la representación sindical es «perfecta conocedora».
Sobre este asunto también se ha pronunciado en rueda de prensa en Sevilla el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, quien ha manifestado que la realidad «no se corresponde» con la denuncia de UGT, «ni desde el punto de vista de las retribuciones ni de las tareas que sí se siguen prestando», pues ha negado que el puesto tenga la retribución que refleja.
Además, ha indicado que «más allá de que a algún puesto directivo, como la vicepresidencia de la fundación, se le haya encomendado otras competencias, las tareas de coordinación que le corresponden a la gerencia siguen plenamente operativas».
