La Consejería de Educación y Deporte ha lamentado que Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) minimice el impacto de los acuerdos firmados sobre demandas históricas del sector de la enseñanza concertada, según un comunicado de prensa. La consejería manfiesta que, fruto de un diálogo permanente que ha llevado al consejero Javier Imbroda y todo su equipo a llevar a cabo más de 400 reuniones con representantes tanto de la enseñanza pública como de la concertada, con el único objetivo de mejorar el sistema educativo andaluz en su conjunto.
En el curso escolar más complejo de la historia por la pandemia, y frente a las políticas del Gobierno de España, el Gobierno andaluz ha reforzado las plantillas docentes tanto de la red pública como de la concertada en su consideración de redes complementarias, con más de 8.000 profesionales, 1.300 de ellos para la red concertada tras la firma de un acuerdo por unanimidad con las ocho organizaciones, entre patronales y sindicatos, entre ellas Escuelas Católicas.
Desde el año 2019, los docentes que desarrollan su labor en centros concertados pueden acogerse a la jubilación parcial anticipada, es decir, que el profesorado mayor de 61 años puede reducir su jornada a la mitad sin pérdida de retribuciones, otra reivindicación histórica, como el pago delegado para dar respuesta a situaciones como la lactancia, que se equiparó al que existe en la red pública. Otras medidas puestas en marcha para hacer de los centros entornos seguros fue el incremento de los módulos de conciertos educativos en las cantidades asignadas a otros gastos, según lo recogido en el Real Decreto 2/2020 de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes de retribuciones en el ámbito del sector público, en las siguientes cuantías: 650 euros anuales para las unidades de Infantil, Primaria y Educación Especial Básica/Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica y 900 euros anuales para las unidades específicas de Educación Especial (psíquicos, autistas o problemas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes), así como para las unidades de Programas de Formación para la transición a la vida adulta.
Este incremento se destina a reforzar la limpieza de los centros docentes concertados para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias. En el caso de las unidades específicas de Educación Especial también se puede destinar a la compra de equipos de protección individual para el profesorado y el personal complementario contra el coronavirus.
En el reparto mensual que hace la Consejería de 3,5 millones de mascarillas y 330.000 litros de hidrogel, se incluyen también tanto centros públicos como concertados. Actualmente, la Consejería ultima un decreto para la tramitación de las autorizaciones de los servicios complementarios y actividades extraescolares en la red concertada, otra demanda histórica del sector.
La Consejería de Educación y Deporte también recuerda que, para avanzar en la libre elección de centro por parte de las familias, el decreto de escolarización aprobado en febrero de 2020 y modificado la semana pasada por la entrada en vigor de la LOMLOE, mantiene sus principios fundamentales, como es el criterio de demanda social entendida como la prioridad de las familias a la hora de elegir centro educativo, manteniendo también la posibilidad de elegir un centro público y un centro concertado en cada zona de escolarización siempre que existan centros concertados en la localidad. Otra demanda tradicional resuelta ha sido la adscripción del alumnado de cuarto de la ESO de los centros concertados a centros sostenidos con fondos públicos para poder estudiar bachillerato en las mismas condiciones que el alumnado de los centros públicos, facilitando así que las familias puedan conocer todo el recorrido de sus hijos en las distintas etapas.
La Consejería de Educación y Deporte prioriza el concierto de unidades de Educación Especial y de Formación Profesional de Grado Medio para completar la oferta de la red pública y dar respuesta a la alta demanda de estas enseñanzas, en las que cada año se quedan miles de estudiantes sin plaza, unos 30.000 jóvenes. En concreto, la concertación de ciclos formativos de Grado Medio y de FP Básica, especialmente de aquellos con altos índices de empleabilidad con el objetivo de contribuir a disminuir las tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano. Igualmente tendrán prioridad las solicitudes de los centros que impartan los ciclos formativos de Formación Profesional Básica que tengan concertada la ESO, ciclos formativos de grado medio de la misma familia profesional, que impartan la FPB en horario de mañana y aquellos ciclos de FPB que estén dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales. La nueva normativa, por vez primera, abre la posibilidad de ampliar los conciertos en bachillerato, pero la Consejería, teniendo en cuenta las necesidades de todo el sistema en este curso, establece otras prioridades.
Por otro lado, la Consejería de Educación y Deporte ha vuelto a recordar que el acuerdo firmado esta semana con el grupo parlamentario Vox en ningún caso implica la implantación del llamado pin parental en el sistema educativo andaluz. De esta forma, lamenta que la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Codapa) participe del juego de la confusión, en la línea de algunas fuerzas políticas, sobre un acuerdo que lo único que persigue es mejorar la información y la transparencia para las familias, implementando mecanismos para que los padres puedan conocer mejor el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo.