Por El alcalde de La Palma del Condado (Huelva), Manuel García Félix (PP), ha asegurado este miércoles que si la Ley de Memoria Democrática, que este martes inició su tramitación, sigue adelante, el Ayuntamiento se podrá a «su disposición» teniendo en cuenta que la fosa común ubicada en la localidad, concretamente debajo de una zona verde y en la que puede haber restos de más de 200 personas, es una de las más amplias de la provincia, que cuenta con 120 fosas comunes.
Esta norma prevé que la Administración autonómica pueda expropiar temporalmente el uso de terrenos privados para hacer exhumaciones en caso de que el propietario no conceda su consentimiento; elaborar un censo de víctimas de la represión franquista en Andalucía; fijar un plazo de 18 meses para la eliminación de símbolos franquistas en calles y plazas y poner en marcha un plan andaluz de memoria democrática con carácter cuatrienal para la localización, exhumación y en su caso identificación de fosas, procedimientos que se incoarán de oficio por parte de la Junta y de los ayuntamientos a instancias de familiares o entidades memorialistas.
Al respecto, el primer edil de La Palma ha asegurado que desde el Ayuntamiento «siempre se ha tratado este asunto con mucho respeto», y ha remarcado que en el caso de tener que delimitar la zona «sería fácil porque no hay nada construido encima, como se ha dicho intencionadamente en otras ocasiones, sino que se trata de una zona verde».
El alcalde ha asegurado no tener «intención de nada» y se ha mostrado dispuesto a exhumar los restos, si la ley le obligara, no obstante considera que esta normativa «debería traer consigo un presupuesto económico, que no se contempla».
ASOCIACIÓN DE MEMORIA
Al respecto, se ha manifestado el presidente de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), Rafael López, el cual ha subrayado que la ley incluye la valoración y protección de las fosas y ha recordado que la de La Palma fue una de las que el juez Baltasar Garzón mandó exhumar, pero el proceso quedó paralizado.
A su vez, ha valorado el plan andaluz de memoria democrática que incluye la ley con carácter cuatrienal para la localización, exhumación y en su caso identificación de fosas, procedimientos que se incoarán de oficio por parte de la Junta, ya que en las fosas exhumadas en Huelva, como las de Calañas, Valverde del Camino, Zalamea La Real o Encinasola, se ha actuado con la ayuda y aportaciones de instituciones y de asociaciones, «pero no del Gobierno andaluz».
Las fosas onubenses más reivindicadas para su exhumación más inminente son las de La Palma del Condado, Puebla de Guzmán, Almonte, Niebla o Bonares.
El pasado mes de noviembre comenzó la exhumación de la fosa común ubicada en el cementerio de la localidad de Encinasola, unas labores que han contado con un presupuesto de 7.700 euros después de que la Diputación Provincial de Huelva firmara el pasado mes de junio un convenio con la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, aunque en la actualidad se encuentra a la espera de distintos permisos judiciales para continuar.
