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El alcalde de Lepe, Juan Manuel González , ha dejado claro este martes que el Ayuntamiento “no está obligado” a llevar el sistema de luz y agua al pie de la parcela del centro hospitalario de alta resolución de la costa onubense, construido por la Junta de Andalucía en la citada localidad, porque el convenio firmado, para ello, en 2005 con el Servicio Andaluz de Salud “ya no tiene vigencia”, tras la reforma de la Administración Local.
En declaraciones a los periodistas en la puerta de la Delegación de la Consejería de Salud de la Junta en Huelva, donde ha registrado la solicitud de un encuentro con el consejero del ramo, Aquilino Alonso, al objeto de tratar la próxima apertura del citado centro, González ha hecho hincapié en que esta nueva circunstancia “viene recogida en la disposición adicional número 9 de la Ley de Bases de Régimen Local del 2 de abril, que dice que los convenios entre las comunidades autónomas y la administración local, que no se haya adaptado a la ley de racionalización económica por parte de la Junta de Andalucía queda fuera de vigencia”, dejando claro al respecto que “desde el 31 de diciembre de 2014 no existe convenio”.
Por tanto, ha insistido en que “en este momento no hay ningún convenio que nos obligue a prestar ninguna delegación que sea impropia”, a lo que ha añadido que “el Ayuntamiento no está obligado a llevar ni la luz ni el agua a pie de parcela”, así como que “nunca se comprometió a hacer los accesos”, alcanzando todo ello un coste que “podría oscilar entre dos y tres millones de euros”.
El primer edil lepero ha insistido en que en 2005 se firmó un convenio en el que el Ayuntamiento “se comprometía a llevar la luz y el agua”, pero con informes de técnicos en la mano, el alcalde ha manifestado que éstos dicen que “ni la situación económica de aquella época ni la legislación que regía en 2005 es la misma que la actual”.
Por todo ello, ha remarcado que “cuando un alcalde actúa en contra de informes técnicos, que dicen que, dada la situación financiera del ayuntamiento, no te puedes comprometer a un gasto de competencia impropia, podría prevaricar”.
