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El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado (Huelva), contra el ex alcalde socialista Francisco Bella, la actual secretaria general del PSOE-A, Rocío Espinosa, y el empresario C.B.T., responsable de la empresa Aproindo S.L., por hechos relacionados con la concesión de la Planta de Reciclaje de Escombros de la localidad. Los supuestos delitos cometidos serían: falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.
La denuncia argumenta que el 10 de abril de 2003, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento presidida por Francisco Bella, aprobó un pliego para la gestión del servicio de eliminación de escombros y restos de obras. El precio del contrato se estableció en 240.404 euros. La adjudicación se formalizó el 1 de agosto en dicha cantidad. Sin embargo, el día 28 se le dio carácter anual a este canon, con lo cual se multiplicó por quince el valor del contrato, hasta los 3,6 millones de euros.
El 9 y 10 de septiembre, el empresario dirigió sendos escritos al Ayuntamiento, solicitando una parcela de una extensión doble a la recogida en el pliego inicial (hasta un total de 60.400 metros cuadrados), además de pedir la ampliación del contrato de concesión de 15 a 30 años, bajo la argumentación de “mantener el equilibrio financiero de la inversión solicitada”. Con esta última variación, el coste del contrato para el Ayuntamiento alcanzó los 7,2 millones de euros.
El 3 de octubre, previa declaración por la vía de urgencia, la Comisión de Gobierno aprobó una modificación del contrato, correspondiendo a ambas peticiones. A la Junta de Gobierno Local del 6 de noviembre, se trasladó por parte del concejal de Medio Ambiente el “Proyecto de actuación de utilidad pública e interés social” relativo a la Planta, diferente al aprobado en pleno en septiembre de aquel mismo año.
Las presuntas irregularidades continúan cuando el 23 de diciembre el empresario pregunta por las condiciones en las que puede empezar a cobrar el canon, y el secretario municipal le responde el mismo día que “desde que esté vallada la finca”. Por el contrario, las bases del pliego obligaban al adjudicatario a tener en funcionamiento la planta “en un plazo máximo de seis meses”, debiendo edificar además una nave de 400 metros cuadrados y una caseta de control de entrada.
Rocío Espinosa
Aquí entraría en escena la actual secretaria general del PSOE-A, Rocío Espinosa, entonces diputada provincial de Medio Ambiente. El 29 de enero de 2004 –cinco meses después de la firma del contrato- indica en un escrito que “se ha incluido la construcción de la instalación en el Programa Operativo Local 2004”, correspondiente a esta administración. Hasta el 6 de septiembre no se acordó una subvención de 260.606 euros de la Diputación al Ayuntamiento. Finalmente, está llegó a Aproindo mediante una adjudicación directa, por procedimiento negociado sin publicidad, cuando debió ejecutarla de sus propios recursos.
Las presuntas anomalías siguieron a partir del 29 de junio de 2005, cuando el empresario pide por escrito al Ayuntamiento que se limite la cantidad de escombro que Aproindo debía entregar al Ayuntamiento a 8.000 toneladas por año no acumulables, algo que también se concedió. Finalmente, solicitó el 7 de marzo de 2007 actualizar el canon de la concesión, “a causa de las grandes pérdidas”, hasta fijarlo la Junta de Gobierno Local quince días después en 47.740 euros mensuales, lo que supone un contrato por un total de 15,4 millones de euros.
Este nuevo montante propició que el entonces alcalde, Francisco Bella, acometiese una modificación presupuestaria para hacer frente a los pagos. Por otra parte, el informe del técnico de Medio Ambiente de 18 de octubre de 2007 certificó que Aproindo no ejecutó la gran mayoría de las mejoras a las que se había comprometido con la concesión.
Declaración ante el juez
Por otra parte, el regidor almonteño ha declarado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, por un presunto delito de prevaricación tras la denuncia presentada por la empresa Aproindo S.L., que afirma estar sufriendo “una situación injusta de acoso y derribo”. Hay que recordar que el pasado mes de marzo, el pleno aprobó –con los votos de PP e IU- el recurso de reposición por el que se iniciaba el expediente de revisión de oficio de los acuerdos de las comisiones de gobierno de 3 de octubre y 6 de noviembre de 2003, y 22 de marzo de 1007, relacionados con la concesión de la Planta de Reciclaje de Escombros.
Posteriormente, ha afirmado que “el único y verdadero acoso en esta legislatura lo está sufriendo el equipo de gobierno del Ayuntamiento, por parte de determinados empresarios, como es el caso. Por nuestra parte, seguimos empecinados en la tarea de defender los intereses generales, frente a los particulares”. Domínguez Iglesias ha explicado que “la denuncia viene por tratar de llevar al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía esta concesión, a fin de que dictamine si el contrato es nulo y por tanto, ilegal. Algo que ya ha ocurrido con otras concesiones otorgadas en la etapa anterior”.
El alcalde ha manifestado que está convencido de que “la denuncia presentada por Aproindo no tiene fundamento jurídico alguno y, más pronto que tarde, será archivada por el juez. Nosotros no tenemos nada que esconder, y nos comprometimos con los ciudadanos en cumplir con el programa electoral que nos dio la Alcaldía en Almonte. Este, pasa por limpiar la vida pública y esclarecer los presuntos casos de corrupción que se hayan producido en estos años. Una labor que estamos ejerciendo desde la responsabilidad, y en la que ya avisamos que nadie nos va a intimidar”.
